El recorte jubilatorio que intenta imponer este gobierno, aún con el costo social que implica, tendrá un fuerte impacto en muchas mujeres argentinas, principalmente. Nuestras abuelas serían las principales afectadas de un eventual ajuste en los haberes jubilatorios, esta afirmación es corroborada por dos datos; desde hace unos 30 años que se acentúa en Argentina la feminización de la vejez, por caso, en el rango etario de 60 a 64 años hay 88 varones cada cien mujeres y entre 80 y 84 años hay 55 varones cada cien mujeres, es decir que a mayor edad hay más mujeres que hombres. Por otro lado, como consecuencia de las moratorias jubilatorias implementadas por el gobierno anterior, más del 90% de los adultos mayores de 65 años goza de cobertura previsional. En efecto, si de sesenta años hacia arriba hay mayor cantidad de mujeres que de hombres y hay una cobertura casi total, hay más jubiladas que jubilados.
Por otro lado, es sabido que nuestros jubilados cobran de mínima unos 7.246 pesos, en su gran mayoría. Sin embargo, medidos por el propio INDEC, la canasta básica para un ciudadano activo supera los 16.000 pesos. Quienes reciben pensiones no contributivas, como las madres de siete hijos ganan aún menos.
Gracias al gobierno pasado, y las moratorias impulsadas durante esos años, en Argentina la cobertura jubilatoria es superior al 90% de la población mayor.
La transversalidad de género, hecha política pública, fue visible con Cristina Fernandez cuando se le brindo a las mujeres la posibilidad de jubilarse sin haber realizado los 30 años de aportes, haciéndolas acreedoras a algunas de ellas por primera vez de una autonomía, que las hacía dueñas de un derecho económico. Del total de 2 millones y medio de jubilados nuevos, durante la última década, el 85% fueron mujeres, esas que tuvieron trabajos precarios, lejos de la formalidad y los beneficios que el trabajo asalariado otorga, pero también, muchas de ellas realizaron el trabajo invisible, el no remunerado, el del hogar o también llamado doméstico, el de la “ama de casa”, que cuida a los niños, a los adultos mayores de la familia, que cocina, limpia, cuida, etc.
Hace algunos días, en el parlamento naiconal, el diputado del Pro por Santa Fe, Luciano Laspina, deslegitimó a las moratorias jubilatorias como instrumento y, en consecuencia, a las nuevas jubiladas como sujetos de derecho, al decir que “las jubilaciones fueron a parar a amas de casa de Recoleta que nunca en su vida laburaron”. Si bien este legislador busca criticar a una política de Estado recurriendo a una burda generalización, no es menos cierto que esposas de terratenientes, banqueros, financistas, especuladores de la City… en fin, algunas mujeres de la alta burguesía hicieron los trámites para acceder a la jubilación mínima. Repito, si bien son una minoría en términos sociales, esposas de millonarios decidieron ingresar a la moratoria para cobrar la mínima. Este hecho da cuenta de la perversión del patriarcado para con las mujeres, inclusive para las de la alta sociedad que, estando al lado de un millonario, recurren a una política para hombres y mujeres pobres, para así tener garantizada una mínima mensualidad propia sin necesidad de depender de la dádiva de su marido.
El furcio del asesor financiero Laspina dejó entrever, no la supuesta deficiencia de las moratorias, sino el doble rechazo que produce en aquellos que cosechan los beneficios de la sociedad patriarcal en un país semicolonial como el nuestro. Rechazo porque sus mujeres obtienen cierta autonomía y, por sobre todo, un repudio de clase a que hombres y mujeres empobrecidos por trabajos mal remunerados y exentos de la formalidad puedan acceder a nuevos derechos.
En efecto, nosotras, las deslegitimadas, somos entonces quienes tenemos que defender la jubilación, hoy escamoteada, a ultranza. Porque es hora de entender que desde Seneca Falls (primera convención sobre los derechos de la mujer que tuvo lugar en Estados Unidos a mediados del siglo diecinueve) hasta acá, la vida de las mujeres cambio muchísimo pero las relaciones de subordinación en el orden domestico apenas han sufrido alteraciones y es aquí donde la solidaridad femenina se hace exigible, porque a costa de la precarización femenina es que se sostiene el privilegio patriarcal.
No hay que perder de vista que la liberación de los oprimidos de la patria y de la mujer, particularmente, sólo se logrará en un país políticamente libre y socialmente justo, objetivos imposibles de lograr si no conquistamos la soberanía económica. Objetivos que quedan distantes cuando un gobierno de CEOs ajusta a los jubilados, trabajadoras y trabajadores argentinos, y acentúa un sistema tributario regresivo quitándole impuestos a la renta agropecuaria y financiera para que una mayoría financie la fiesta de unas pocas familias. Frente a esto, la constitución de un movimiento nacional pujante que ponga al descubierto las maniobras de este gobierno y sus políticas de infamia y, a la vez, presente un proyecto económico y social superador, es el camino para desarrollar una patria para todos y todas.