Durante la semana pasada se ha vuelto a hablar de los oscuros hechos sucedidos en una remota aldea de El Salvador en 1981. El 11 de diciembre de ese año, el Batallón Atlácatl del ejército salvadoreño ingresó a la aldea de El Mozote luego de un enfrentamiento contra la guerrilla del FMLN, detuvo a todos los habitantes del pueblo y los ejecutó, no sin antes someterlos a torturas indescriptibles.
Ese batallón había sido específicamente creado y entrenado por la Escuela de las Américas, el programa especial que Estados Unidos diseñó para adoctrinar a los ejércitos latinoamericanos en la lucha contra los diversos movimientos revolucionarios de la época.
La crueldad de los crímenes cometidos por los ejércitos de América Central haría palidecer a los dictadores sudamericanos del mismo periodo. Las ejecuciones de campesinos fueron rutinarias, al igual que las violaciones de mujeres y niñas.
La brutalidad de las torturas sólo tenía como límite la propia creatividad perversa de sus perpetradores. El caso de El Mozote fue resonante por su magnitud: 800 muertos en un sólo día, un pueblo entero exterminado. El escándalo empezaba a provocar una crisis en la política de Estados Unidos hacia El Salvador y la lucha de su ejército contra el FMLN, pero los hombres de Reagan tenían a la persona indicada para intentar oscurecer los hechos.
El 17 de noviembre de 1981, Elliott Abrams fue designado como subsecretario de Estado para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios por el gobierno de Ronald Reagan. En ese cargo su tarea constituía fundamentalmente ser un arquero atajando las múltiples denuncias de abusos que aparecían sobre las fuerzas estadounidenses y sus asociados, empezando por todas las dictaduras militares latinoamericanas.
Frente a la masacre de El Mozote, Abrams dijo que se trataba de mera “propaganda guerrillera” e hizo gestiones para evitar que el asunto fuera investigado en profundidad. No fue la última vez que tuvo que asumir ese papel, porque el Batallón Atlácatl realizó masacres similares en al menos otras dos ocasiones durante los años siguientes.
Increíblemente, la tarea de Abrams no terminó allí, ni tampoco fue juzgado por esos hechos. Lo que sí le valió una condena fue haberle mentido al Senado de EEUU mientras se investigaba el financiamiento ilegal de los Contras nicaragüenses. Durante el segundo mandato de Reagan, el gobierno estadounidense ideó un intrincado plan para vender ilegalmente armas a Irán a través de Israel y luego utilizar esos fondos para financiar a los Contras en Nicaragua. Abrams fue parte de la maniobra para ocultar esos negocios -que pasaron a ser conocidos como el Caso Irán-Contra- y su participación le valió una condena a prisión en 1991.
Un dato relevante en este asunto es que las armas y suministros que EEUU proveía a los Contras normalmente llegaban camufladas como “ayuda humanitaria”. La condena a Abrams nunca se hizo efectiva porque poco después recibió un indulto presidencial de parte de George H.W. Bush, otro involucrado en el escándalo.
Volvió a la carga en 2001, como funcionario del gobierno de Bush hijo. Desde este cargo apoyó el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. No sólo se ocupó de dar luz verde para que un grupo de militares sublevados detuviera a Chávez e instalara brevemente en el gobierno al empresario Pedro Carmona, sino que su tarea principal consistió en hacer lobby para que otros gobiernos del mundo dieran legitimidad al golpe. La tarea resultó infructuosa porque en menos de 72 horas Chávez fue liberado por un grupo de militares leales y volvió a la presidencia en medio de enormes movilizaciones populares.
Una vida entera consagrada a violar la soberanía de distintos países latinoamericanos le ha valido a Abrams un nuevo nombramiento en la administración estadounidense. El pasado 25 de enero, Donald Trump lo designó como “Enviado Especial para Venezuela”, cargo que fue inventado específicamente para que Abrams pueda operar en favor del intento de golpe que lleva a cabo Juan Guaidó.
Por estos días es posible saber que inicialmente, tanto EEUU como Guaidó esperaban que el pronunciamiento del 23 de enero condujera a una rápida caída del gobierno de Nicolás Maduro, de la mano de una sublevación militar generalizada. Tal cosa no ha sucedido ni hasta el momento existen señales de que los oficiales venezolanos estén dispuestos a sumarse a las filas de Guaidó.
Actualmente asistimos a una nueva etapa del intento por terminar con el gobierno de Nicolás Maduro que Estados Unidos lleva a cabo con la estrecha colaboración de Colombia. Miles de toneladas de ayuda humanitaria están siendo almacenadas en la frontera en Venezuela y Colombia. Maduro se niega a permitir que esos suministros ingresen al país, alegando que se trata de un show político destinado a favorecer al intento de golpe.
Su suspicacia está fundamentada, no sólo porque indudablemente el envío estadounidense tiene una motivación ante todo política, sino también porque se ha visto que en el pasado la “ayuda humanitaria” ha sido un vehículo para proveer de armamento a grupos paramilitares alineados con EEUU.
La Cruz Roja Internacional se encuentra activa en Venezuela y lleva largo tiempo distribuyendo ayuda humanitaria en las regiones más necesitadas del país. Esta organización, que difícilmente pueda ser acusada de simpatizar con el chavismo, se ha negado a colaborar con el actual intento que realizan EEUU y Colombia.
Su argumento es muy similar al del gobierno venezolano: la ayuda humanitaria estadounidense no es en absoluto desinteresada, sino que forma parte de un intento por inmiscuirse en los asuntos políticos de Venezuela. Un Caballo de Troya moderno y diseñado para violar la soberanía del país con las mayores reservas de petróleo del continente.
Juan Guaidó no parece tener la capacidad para hacer que los suministros estadounidenses ingresen en Venezuela. E incluso si lo consiguiera, resulta dudoso que cuente con la capacidad logística para distribuir el contenido de esos suministros a lo largo del país.
El objetivo real tal vez consista en que la tensión termine por generar un brote de violencia en la frontera, lo cual abriría la puerta para otras opciones que el gobierno estadounidense baraja. La sombra de las “5.000 tropas a Colombia” que John Bolton dejó entrever vuelve a aparecer en el escenario.
*Nota publicada por Telesol Diario el 18/02/2019.