HACIA LOS 100 DÍAS DE GOBIERNO
La economía del país continúa con pronóstico reservado. Lejos de ser esto una novedad, los diagnósticos desalentadores datan de hace tiempo; a juzgar por los datos duros podríamos aseverar que pasamos de una economía prácticamente estancada (del 2011 al 2015) a una lisa y llana caída de la actividad que acumuló durante la gestión de Cambiemos un retroceso de 6,7%, según las estadísticas oficiales, tomando como referencia a noviembre del 2015.
La nueva gestión propone como objetivo resolver una serie de problemas prioritarios heredados de la administración anterior sin por ello descuidar la reactivación de la actividad económica, ni “la consistencia macroeconómica”, como señalan reiteradamente las voces oficiales del gobierno.
En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente señaló las premisas generales que buscarán cumplir sus políticas económicas. En ese sentido, Alberto Fernández dejó en claro que hay dos aspectos centrales en el programa económico en este contexto de crisis; los compromisos de deuda con los organismos multilaterales y acreedores privados, y el control cambiario.
Esa esclusa que la experiencia más reciente evidencia que debe mantenerse cerrada, pues la apertura indiscriminada y la desregulación del mercado cambiario ensayadas durante los últimos cuatro años tuvieron consecuencias nocivas para la economía del país.
La escasez de divisas condiciona la libertad total de la compra de las mismas; el gobierno anterior desconoció esta ley básica y obtuvo devaluaciones constantes, incertidumbres de todo tipo, deterioro del poder adquisitivo de los asalariados, reducción del mercado interno (base de la economía argentina…). ¿Solo una política de control cambiario es condición suficiente para poner a la Argentina de pie?
De la mano del oxígeno cambiario aportado por el “cepo”, que por cierto, más que una medida elemental, es imprescindible en este estado de situación para cualquier gobierno que no esté dispuesto a fracasar, la administración que asumió el pasado 10 de diciembre busca ordenar las variables internas para expandir las exportaciones, comentan.
Ocurre que, producto de un deterioro económico y social tan generalizado como profundo, el gobierno heredó una política de restricción a la compra libre de divisas (el hecho de que la haya aplicado Macri, reticente a las medidas de control, da cuenta de la importancia objetiva del “cepo” para el funcionamiento de la economía), un tipo de cambio competitivo que alienta a las exportaciones, desalentando a las importaciones, y, consecuentemente, también una baja del costo real de producción.
Al parecer, la estrategia consiste en usufructuar estas condiciones sin desconocer que la base de la economía nacional es el consumo interno, por tanto reconstituyen paulatinamente parte de la demanda destruida. Pero como dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán en más de una oportunidad, al no disponer de suficientes recursos, tampoco es de esperar “una expansión fiscal fuerte”.
Otra iniciativa que marca una ruptura con el perfil económico de la anterior gestión tiene que ver con la baja de la tasa bancaria. El Banco Central redujo la tasa de interés bancaria de 63% a 40 puntos, así buscan acabar con uno de los bretes que asfixia a la economía.
En el discurso que dio inicio al 138° periodo de sesiones parlamentarias, el presidente afirmó que en su gobierno será “inquebrantable” en la idea de “lograr desarrollo a través de la inversión productiva y la generación de empleo”. Para lo cual bregará para que el sistema financiero “ofrezca créditos accesibles para la producción y no fomente la especulación financiera”.
Para que los créditos sigan la senda de la producción, es indudable que los precios deben estabilizarse, pues un aumento de la inflación no solo deteriora los ingresos, sino que, en este estado de situación, imposibilita al ahorro refugiarse en el dólar o plazos fijos que le ganen a la inflación. Lo cual destruiría la capacidad de consumo de los estratos más castigados y generaría malestar en los asalariados con capacidad de ahorro.
En el mismo sentido, de no apaciguar, los aumentos de los precios terminarán por derruir la competitividad del tipo de cambio. Esto quiere decir que se pierden condiciones propicias para la exportación, y los sectores que monopolizan el comercio exterior presionarán por una nueva devaluación.
Por lo pronto, la estructura de costos en el país no se modificó en forma significativa en los últimos meses, sin embargo, algunos precios, principalmente alimentos, evidenciaron incrementos de importancia; es posible que parte de ellos se deba a inflación inercial, pero parte de los mismos son consecuencia de aumentos injustificados (como señalamos en la columna del viernes pasado).
El congelamiento de las tarifas de los servicios es otra de las medidas aplicadas por el gobierno para “estabilizar a la economía”. Esta medida tiene repercusiones directas en la economía, al representar los servicios y la energía un peso importante en la estructura de costos fijos de diferentes cadenas de valor. en este sentido, durante esta semana se abrió un interrogante sobre cuánto repercutiría en el precio congelado de las naftas la actualización de un gravamen (impuesto al dióxido de carbono). Finalmente el efecto de esta actualización fue insignificante (osciló entre 15 y 20 centavos) y el valor de las naftas, de fuerte incidencia en los precios de la economía, presentarían poca volatilidad, según especificó Gabriel Bornoroni, empresario y dirigente del sector.
El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) aclaró que la postergación de los impuestos a los combustibles líquidos concluiría el 1 de abril, de modo tal que a partir de esa fecha “podría haber una actualización impositiva”.
Ese gravamen es el único factor que podría modificar los precios, al haber caído los precios del barril de crudo once dólares por el efecto coronavirus, puesto que China es uno de los principales importadores tanto de crudo como de producto terminado, lo que neutraliza la desactualización de los precios que había al interior de la cadena entre las petroleras y las estaciones. De modo tal que “lo que se puede esperar a futuro es una estabilidad”, concluyó quien también preside la Federación de Expendedores de Combustibles.
Por otro lado, desde el gobierno pretenden aumentar las arcas del Estado aumentando la presión impositiva sobre las producciones primarias de la pampa húmeda, subiendo las retenciones a la soja a 33%, compensando a más de 40 mil pequeños productores y bajando el gravamen a diferentes producciones agroindustriales. De todas maneras, la delineación del programa económico y su suerte, depende de lo que terminen acordando con el Fondo y los acreedores privados.