Vicentin y el interés nacional en el comercio exterior

Desde Iniciativa Política organizamos el martes un panel de información y análisis sobre la situación de la agroexportadora en concurso de acreedores (bajo la lupa de la justicia local e internacional) y el rol estratégico del comercio exterior para la comercialización de los bienes más competitivos de nuestro aparato productivo y la generación de divisas. El balance contable de la empresa, la estructura corporativa utilizada para fugar, la deuda de Vicentin con los bancos de la administración pública, junto a los intentos de estatizarla y la estrategia del Gobierno para intervenir en el comercio exterior, fueron algunos de los temas abordados en el conversatorio.

Desde que el ejecutivo nacional anunció la intervención de Vicentin mediante un decreto de necesidad y urgencia a principios de junio hasta hoy ha corrido mucha agua bajo el puente. Como es de público conocimiento, este gigante agroexportador santafesino es investigado por posible “maniobra fraudulenta” en complicidad con la anterior dirección del Banco Nación. Javier González Fraga, quien presidió el banco entre 2017 y 2019, también quedó bajo la lupa luego de que el nuevo directorio de la banca pública advirtiera que el crédito otorgado a la compañía agroexportadora superaba ampliamente el límite de capital prestado a grandes empresas.

Dejando al margen las irregularidades que envuelven al economista y ex candidato a vicepresidente por la UCR en el 2011, lo cierto es que la deuda que contrajo la empresa antes de declarar su insolvencia asciende a 1.350 millones de dólares; de los cuales más del 70% corresponde a deuda con bancos y unos 350 millones con productores y empresas del sector agrícola. De la deuda con el sector bancario argentino, casi el 90 por ciento corresponde a la banca pública, siendo el Banco de la Nación Argentina el principal acreedor de la empresa, pero no el único. La compañía conducida por los empresarios Padoán y Nardelli también le adeuda al Banco Provincia, al Banco de Inversión y Comercio Exterior y al el Banco Ciudad, entre otras entidades financieras.

La crisis de unos puede significar la oportunidad de otros. El derrotero que inició la empresa agroindustrial que la llevó al pedido de quiebra y concurso de acreedores despertó el interés de diferentes multinacionales y verdaderos tiburones de las finanzas que pretenden quedarse con los activos de la empresa que en el 2018 exportó más aceite y subproductos que el resto. Se conoce que un fondo de inversión vinculado a la agroexportadora norteamericana Cargil tenía intereses en los activos de Vicentin, también al poderoso fondo de inversiones Blackrock (con el que Argentina renegocia su deuda) le apetecía algunos de los negocios del grupo. Estos financistas de Wall Street tienen acciones de la alimenticia y exportadora Glencore, compañía con la cual Vicentin se fusionó para producir biodiesel.

Asimismo, luego de que la agroexportadora cesó el pago a sus acreedores y proveedores, distintos fondos y bancos internacionales que prestaron a Vicentin se unieron y constituyeron un Consorcio Directivo e iniciaron acciones legales en los tribunales neoyorquinos. Los demandantes asumen que hubo un “vaciamiento” de la compañía. A estos acreedores internacionales (cuya estrategia no deberá lidiar con la prensa hegemónica argentina, todo lo contrario, ni tampoco con manifestaciones de turbas iracundas) les llama la atención cómo es posible que la cerealera pasó de informar a sus acreedores que contaba con liquidez a la insolvencia total en cuestión de meses.

Desde Iniciativa Política organizamos el martes pasado un panel de información y análisis sobre la situación de Vicentin, el rol estratégico del comercio internacional para el desarrollo económico y la estrategia del Gobierno en torno a la mora de la empresa. El moderador fue el periodista y dirigente del CISPREN Javier De Pascuale, y participaron el economista y docente universitario José María Rinaldi y el politólogo Aurelio Argañaráz. Por inconvenientes técnicos no pudo exponer el diputado santafesino Carlos del Frade, quien también estaba confirmado para formar parte de la actividad.  

El control del comercio exterior y la balanza de pagos

El sentido de la expropiación, que conforme la ley va acompañado de una intervención, es que se trata de un sector “crítico”, reflexionó José María Rinaldi. Por ello se entiende a los “segmentos de comercialización que tienen estrangulamientos, que necesitan simulador de competencia y regulación, por tanto que el Estado intervenga asignando los recursos, allí donde el mercado no es buen asignador de recursos”. En simultáneo, plantea el docente de grado y postgrado de la UNC, el Estado debe propender a lograr el equilibrio de los balances básicos de la economía para poder funcionar correctamente. En otras palabras, de no lograr el balance monetario, el balance fiscal y el externo, la economía encuentra serias dificultades para funcionar generando riquezas y redistribuyendo equitativamente los recursos, por tanto donde existen estrangulamientos estructurales que dificultan el desarrollo el Estado cuenta con instituciones pertinentes para intervenir.

Los desbalances de los equilibrios básicos, como ocurre en el sector externo, hacen “imperioso que a través de un mecanismo de regulación o a través de una empresa testigo el Estado intervenga y regule”. La situación crítica de nuestro comercio exterior es la evidencia empírica que contradice lo que impuso el neoliberalismo luego del fracaso del socialismo real, de que el mercado es una verdadera panacea para asignar recursos, para distribuir la renta y lograr los equilibrios básicos. Pues la desregulación llevó a la concentración y extranjerización, puesto que el mercado “tiene una fuerza centrípeta que tiende a concentrar la renta”. En el caso de la empresa santafesina la total desregulación permitió el endeudamiento con fines especulativos, la localización en paraísos fiscales y hasta conductas delictuales. En parte esto fue posibilitado, remarcó Rinaldi, por la eliminación del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo Argentino (Cefid-AR), encargado de investigar a las guaridas fiscales, los entramados irregulares buscados para fugar capitales y la formación de activos en el exterior.

 La empresa de Padoán y Nardelli aprovechó la retirada del Estado del control financiero y a los flujos de capital durante la gestión del Pro y la UCR para dejar los dólares de las exportaciones en las guaridas fiscales, “y para suplir en el circuito operativo su actividad principal se endeudaron en pesos”. Es decir, no liquidaban las exportaciones, fugaban el dinero, se endeudaban y, como consecuencias de las corridas cambiarias, se incrementa fuertemente la tasa de interés y por tanto el pasivo de las empresas, revela el consultor económico. Quien advirtió que el Gobierno perdió “una oportunidad histórica” de intervenir en la empresa y así en el comercio exterior porque planteó el problema en términos “ideológicos” y no desde una posición “técnica”.

“Las conductas de Vicentin no son excepcionales, así se maneja todo el comercio exterior”

A diferencia de Rinaldi, Aurelio Argañaráz no considera que haya un “renunciamiento” a los fines que se propuso el Gobierno en un principio con la intervención de la empresa en cuestión. Por el contrario, lo que advierte es un cambio de estrategias “sin abandonar el objetivo central que motivó la intervención que es la de constituir una empresa (estatal o mixta) en el comercio de cereales y la producción de alimentos”. Si se pretende que las empresas liquiden exportaciones en tiempo y forma, inviertan y se desarrollen productivamente, entonces deberá hacerlo una empresa controlada por el Estado ya que estas no son conductas que caractericen a nuestro empresariado. Nuestra elite económica no apuesta a enriquecerse enriqueciendo al país. El problema de fondo que señala Argañaráz es que los países exitosos tienen una élite económica con conductas más burguesas que rentistas, que tienen como centro de gravedad la acumulación en el mercado interno, con el eje de sus actividades erigido en el país de origen. Conductas impropias del poder económico de los países que no logran un desarrollo integral y autónomo.

El caso vicentin no es una excepcionalidad, por el contrario, evidencia el modo en que se comportan las empresas que operan en el comercio exterior y comercializan las riquezas de nuestra tierra. Las maniobras de subfacturación de exportaciones con filiales en el exterior que operan como una fachada para evadir mediante triangulaciones y diferentes arquitecturas complejas, les permite evadir al fisco local y fugar divisas, al mismo tiempo. “La irritación del establishment frente a la iniciativa de intervenir la empresa es natural porque la creación de una empresa estatal, sea por la vía de intervención y expropiación o mediante el fortalecimiento de YPF Agro, dejará al desnudo la naturaleza de estos mecanismos”. En el mismo sentido, además de intervenir el Estado en el sector adquiriendo mayor control sobre lo que se exporta, la consolidación de una empresa estatal también permitiría operar en la fijación de precios de compra a los productores, para que estos no sean “expoliados por las lógicas de las grandes cerealeras”, reflexionó Argañaraz.

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