Cobertura Universal de Salud: una política sanitaria neoliberal/Laura Gastaldi

En un contexto marcado por el aumento de los despidos, pérdida de poder adquisitivo del salario, alta inflación y recortes presupuestarios, el presidente conformó mediante el decreto 908 la Cobertura Universal de Salud (CUS), que contará con un fondo inicial pero no se especifica su futuro financiamiento. El decreto de necesidad y urgencia es la respuesta que desde el gobierno proponen para el sector salud. Sin embargo, poco se analizó desde los medios especializados a esta propuesta y sus principales beneficiarios.

La Alianza Cambiemos nos demuestra, a un año de gobierno, su vocación para garantizar el negocio privado en las áreas más sensibles de la economía nacional. Ofreciendo el negocio de la enfermedad grandes utilidades, el sistema sanitario no podía quedar al margen de la lógica imperante desde el arribo del PRO y radicales al poder. En consecuencia, los medicamentos llevan un aumento anual promedio de 60%, las prepagas incrementaron sus cuotas un 42% y consignan un recorte real del 12% en salud en el presupuesto 2017.

hospital-movilizacionLa respuesta del gobierno para la salud de los argentinos, la Cobertura Universal de Salud, encubre con un atractivo título a un sistema de seguros que terminará en poco tiempo con toda perspectiva de avanzar hacia una salud entendida como derecho universal. Lo que no dijo el presidente es que ese sector social que considera sin cobertura, tiene a su disposición los hospitales públicos, por lo cual la asistencia ya es universal desde los tiempo de Carrillo. La salud es un derecho constitucional y los derechos no se aseguran, se ejercen.

Esta medida fue presentada, además, como un intento de recomponer las relaciones con las obras sociales sindicales (léase Movimiento Obrero) en una antigua disputa que mantienen con el Estado Nacional por la puja sobre el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Este fondo está compuesto por la retención de un 15% anual sobre los aportes de los trabajadores formales a la seguridad social. Su propósito es cubrir patologías de alto costo y baja incidencia, discapacidad y de evitar asimetrías entre el complejo universo de las obras sociales sindicales. El fondo se estima en 29.000 millones de pesos, de los cuales 8.000 millones se destinaron a formar un fideicomiso para solventar este seguro, 4.500 millones a un fondo discrecional de “emergencia”, con casi 15.000 millones se compraron bonos al 2020 en una cuenta del banco Nación y solo 2.700 millones fueron “devueltos” a las obras sociales.

Donde hay una necesidad hay un negocio

Esto forma parte del plan que el Banco Mundial le impuso a países de Latinoamérica desde la década del noventa y Argentina cumplió al pie de la letra, permitiendo la participación de aseguradoras extranjeras. Bajo el gobierno de Carlos Menem, se reglamenta la Ley de Riesgo de Trabajo, apropiándose las Aseguradoras de Riesgo (ART) del 3% de la masa salarial de los trabajadores activos, sin brindar la cobertura correspondiente para cuidar la salud del trabajador. Se concreta la desregulación de las obras sociales que permite a los afiliados la libre elección de las misma y con esto, la llegada de los seguros de salud o prepagas, que “descreman” al sistema solidario de su población joven, sana y de mayores ingresos. Ahora este gobierno viene a completar la tarea permitiendo que ingresen a un programa de seguro aquellos que, según Mauricio Macri, no acceden al sistema sanitario (aproximadamente 15 millones de personas). De esta forma podrían elegir atenderse en instituciones privadas: clínicas, laboratorios bioquímicos, odontólogos, etc.

Esta acción llevará a la definitiva mercantilización de la medicina pública.salud En lugar de aumentar el financiamiento para abastecer a los hospitales con personal, tecnología, insumos y medicamentos, transfieren una masa de dinero de los trabajadores al sistema privado. Esta transferencia de ingresos beneficia en primer lugar, al sector más concentrado de la industria farmacéutica y de servicios privados, como así también a las corporaciones de profesionales, quienes además podrán facturar parte de las prácticas cubiertas por la CUS.

Conjuntamente, hay que advertir sobre el proyecto de ley de la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), que tendrá por objeto realizar estudios con el fin de determinar la canasta básica de prestaciones. De esta forma se acotarán a prestaciones mínimas para los sectores de bajos ingresos, inclusive, los que tengan obra social. El concepto de aseguramiento con canasta básica nos propone una variante de darwinismo, donde los sectores que pueden pagar seguros privados tienen acceso a mayores coberturas.

Otro punto que el gobierno olvida aclarar, es que este tipo de seguro se basa en la atención del individuo enfermo, desligando al Estado de llevar adelante políticas de prevención, atención primaria, promoción de la salud y acciones de salud colectiva y comunitaria. Hay pruebas suficientes de que los países que invierten un elevado porcentaje del gasto en este tipo de medidas (como es el caso de Cuba y los países nórdicos) arrojan índices sanitarios muy superiores. La contraparte es Colombia, en donde se puso en marcha el seguro para pobres desde 1993. Allí el sistema de salud se transformó en uno de los negocios más lucrativos del país después de la reforma propuesta por el Banco Mundial. De hecho, en el 2010, cinco de las 100 empresas colombianas más grandes eran aseguradoras de salud. Sin embargo los indicadores de salud poblacional en Colombia han descendido y se muestran muy por debajo de otros países latinoamericanos.

Un sistema de salud acorde a la constitución de 1994

Esta nueva reforma no evidencia un rechazo social y hasta genera cierta empatía el uso de la palabra “universal”, lo que nos impone agudizar nuestros análisis. En el 55 comenzó la desarticulación del modelo Carrillista que se profundiza durante la etapa de valorización financiera que comienza con la última dictadura militar. Aún cuando este período es interrumpido por el gobierno popular de los últimos 12 años, el Kichnerismo no pudo combatir las reformas impuestas dentro del sistema sanitario. Si bien se generaron políticas de inclusión y restitución de derechos (ley de salud mental, de género, ley de fertilización asistida etc), en lo que hace a la estructura del mismo no se generó una ley para dar marco a una contrarreforma sanitaria decididamente opuesta a la neoliberal. Las mejores y más eficaces políticas de salud pública de los últimos años vinieron de otros ministerios, como la AUH o una economía keynesiana con el aumento consiguiente de empleo y salarios, sumado al incremento de obras de infraestructura que ampliaron los sectores poblacionales con cloacas, red de agua potable, electricidad, rutas transitables, etc.

Hoy vivimos bajo la Constitución del 94, que impuso la mercantilización de la salud y que ahora le permite al neoliberalismo avanzar otro escalón. Buena parte de la tarea está hecha y se viene llevando a cabo sin resistencias y sin alarmas desde 1976, sólo faltaba el carnet del CUS para ampliar el negocio de las grandes corporaciones.

1 comentario en “Cobertura Universal de Salud: una política sanitaria neoliberal/Laura Gastaldi”

  1. El de la salud es uno más de los sectores donde el Kirchnerismo no tocó nada estructural. Esto debe hacernos reflexionar sobre el papel que jugó la izquierda nacional durante el período, inexistente a mi entender, ya que al decir de Cristina: “A mi izquierda está la pared” lo cuál era, desgraciadamente trágico, y sobre cómo ebemos prepararnos para el regreso.

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