Lluvia verde para los dueños del “campo”/Juan María Escobar

Al asumir la presidencia, Mauricio Macri hablaba de transformar a la Argentina en el “supermercado del mundo”. En base a esta expresión buena parte del periodismo  presentó a la nueva gestión como “desarrollista”, confundiendo a la opinión pública. A poco más de un año de gobierno, resulta evidente que el macrismo busca re-primarizar nuestra economía, mientras concentra la renta agraria en pocas manos y alienta la especulación financiera. Como lo demuestra el incisivo análisis de Juan María Escobar, desde la quita de retenciones (recientemente ampliada por el decreto N° 133 para el caso de la soja); pasando por la devaluación de comienzos de 2016; y llegando a la sorprendente resolución 42/2017 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción, que permite extender a diez años la liquidación de divisas ya exportadas, el macrismo pretende que la Argentina sea una granja exportadora, de escasa diversificación productiva y acentuada subordinación a la especulación financiera.

A los pocos días de asumir y con el telón de fondo de un maizal ubicado en un campo de la zona de Pergamino, el presidente Mauricio Macri en compañía de la gobernadora de Buenos Aires (María Eugenia Vidal ), el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, el dirigente de la Federación Agraria (FAA) y senador nacional Alfredo De Ángeli y el secretario general de UATRE Gerónimo Venegas, anunció la eliminación de las retenciones de la  mayoría de los productos agropecuarios y sus derivados y una rebaja del 5% por año para las de soja que se mantenían desde el 2008 en el 35 %. En simultaneo  se eliminaron los controles sobre el tipo de cambio generando una devaluación del peso (y en consecuencia una valorización del dólar) cercana al 40 % lo que significó, como resultado de ambas medidas, una colosal  transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados del complejo cerealero y oleaginoso.

Como contrapartida las mayores empresas agroexportadoras (Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, Glencore, ADM, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata y las cooperativas ACA y FACA) anunciaron que en los primeros dos meses del 2016 anticiparían al Banco Central 10.000 millones de dólares provenientes de la liquidación de exportaciones. Muchas de las exportaciones realizadas en esos días provenían de la cosecha de soja de la temporada anterior que había sido retenida en silos bolsas por grandes productores (“son 5 ó 6.000 tipos a los que se les transfirió de un plumazo 600 millones de dólares” estimó Felipe Solá, que conoce el paño) que especulaban con la posible devaluación retaceando ingresos al fisco o sea al conjunto de la sociedad. Una parte no desdeñable de este conglomerado, que siendo una minoría del conjunto de productores controlan más del 50 % de la cosecha, pertenecen a los denominados “pools de siembra” un nuevo actor social del campo argentino que aparece a fines de los 90 pero se expande durante los últimos 15 años favorecidos por los altos precios de los productos agropecuarios, las nuevas tecnologías (básicamente soja transgénica, siembra directa y glifosato) y la articulación del capital financiero con el negocio agropecuario. Estos pools o fideicomisos trabajan en campos propios pero mayormente en predios alquilados, utilizando equipos de maquinarias que se van desplazando a lo largo de la región pampeana realizando las tareas agrícolas, desde la siembra a la cosecha. Esta modalidad de articulación de la tierra, el capital y el trabajo ha transformado a muchos propietarios pequeños y medianos en rentistas que alquilan sus campos y a otros tantos en contratistas de los equipos rurales generando los que se a dado en llamar “una agricultura sin agricultores”.

En el caso del trigo,  dada la fecha de las medidas adoptadas, la eliminación de las retenciones favoreció en lo inmediato a los exportadores, ya que la mayoría de los pequeños y medianos productores ya habían vendido su cosecha a 500 o 600 dólares elevándose a 2000 el precio para fin de años. Muchos productores de este cultivo por su ubicación geográfica en el sur de la región pampeana no tienen la alternativa de diversificar hacia la soja y también se da aquí una alta concertación de la producción agrícola con solo 1.600 productores que hacen el 54 % del trigo.

Luego de la soja,  cuyo cultivo cubre casi dos tercios de la superficie dedicada a producciones extensivas  y representa más del 60 % de la producción granaria (lo que hace de Argentina el tercer productor mundial), el maíz tiene un papel destacado en la agricultura nacional. En este caso las retenciones que eran del 23 % se eliminaron totalmente trayendo como  un aumento del valor interno de este producto (uno de los objetivos de las retenciones es “desenganchar” los precios internos de los internacionales),  insumo esencial en la alimentación de las aves, el ganado lechero y los porcinos. Estas producciones que tiene un mayor grado de intensificación en cuanto a demanda de capital y trabajo que la producción de granos y oleaginosas, estando además más ligadas a la demanda interna, han venido sufriendo a lo largo del año importantes pérdidas económicas. Las mismas se deben además del costo del maíz, al aumento de las tarifas de combustible, de  energía (insumo importante en tambos, criaderos de cerdos y aves) y a la baja del poder adquisitivo de la población que ha afectado la demanda interna de alimentos. Otro factor que incide sobre la crisis de estas actividades es la apertura de las importaciones  en varios casos a precio de dumpig o provenientes de países de la Comunidad Europea o Canadá que subsidian su producción agropecuaria. En este último país,  cuyo primer ministro nos visitó recientemente y adquirió notoriedad al reclamar por la situación de Milagros Sala, según información de especialistas de la Federación Agraria en el presupuesto del año en curso se destinaron 68 millones de dólares para el subsidio de la producción porcina. Precisamente la apertura del mercado argentino a la carne de cerdo canadiense fue uno de los puntos incluidos en los acuerdos firmados entre ambos gobiernos,

En declaraciones al diario La Nación el presidente de la FAA, Omar Príncipe,  daba un panorama realmente desolador referido a la lechería argentina: “en los primeros seis meses del años al productor tambero se le triplico el precio del maíz y de la energía mientras que le aumentaron solo el 11 % de la leche entregada a la industria (que el consumidor le subió más del 50 %). Como consecuencia de esta situación se vendieron 120 tambos y se enviaron a faena 20.000 vacas lecheras.”

Otra medida del gobierno nacional tomada a poco de empezar el año fue el de la modificación de la Ley de Tierras,  promulgada por la presidenta Cristina Kirchner a instancia de la FAA,  que establecía un límite para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Precisamente en el reportaje antes citado el titular de esta entidad denunciaba hay más de 1 millón de hectáreas en manos de capitales extranjeros radicados en paraísos fiscales y que esta política de tierras alienta la inversión inmobiliaria especulativa y no el desarrollo rural.  

Como correlato de estas medidas que alientan la concentración del suelo y de la producción agropecuaria se desmantelan los programas oficiales destinados a la promoción y la asistencia social y tecnológica de la Agricultura Familiar. Para dimensionar la importancia de este sector de la ruralidad argentina hay que señalar que representa el 65 % de los establecimientos agropecuarios, ocupa el 13 % de la tierras cultivables, genera el 20 % de la producción y el 54 % del empleo rural contabilizando 220.000 familias rurales y periurbanas.

También se ha restringido el accionar de los mecanismos previstos en la Ley de Bosque Nativos, favoreciendo el desmonte indiscriminado especialmente en las provincias del NOA y el NEA generando consecuencias ambientales, productivas y sociales que pueden llegar a tener consecuencias catastróficas como es la pérdida de la capacidad de las cuencas hídricas de almacenar y/o regular el agua proveniente de las precipitaciones.

A estas consecuencias negativas que afectan en forma directa a sectores de la actividad agropecuaria hay que agregarle el costo fiscal (lo que el estado dejó de recaudar) como resultado de la baja o la directa eliminación de las retenciones. A principios del año el estudio Bein y Asociados informaba que durante 2015, las retenciones a las exportaciones del campo sumaron alrededor de 80.000 millones de pesos de las cuales un 65% corresponde al complejo sojero. De esta manera, eliminándolas en general y bajando en 5 puntos porcentuales a la soja y sus derivados, estimaban que para fines del 2016 este impacto alcanzó lo $ 60.000 millones,  ya que el dólar subiría (como efectivamente sucedió)  y también las exportaciones. Esta transferencia  de ingresos desde el Estado a los sectores concentrados de la economía es una constante en la implementación de las políticas del macrismo para todas las áreas del quehacer nacional  y conlleva a medidas de ajuste como las que quedaron plasmadas en el presupuesto nacional aprobado para el ejercicio del año venidero y a la situación de creciente endeudamiento que ya a alcanzado los 90.000 millones de dólares batiendo un record en los 200 años de historia independiente de nuestro país. 

Macri oligárquico rural
Macri en Pergamino a comienzos de su gestión, urgido por cumplir su promesa de campaña con “el campo”.

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