Achicamiento del programa REMEDIAR. Vía libre a patentes extranjeras y laboratorios/Laura Gastaldi

El cambio más notorio en materia de salud desde que asumió el Gobierno de Cambiemos, sin duda, tiene que ver con los medicamentos. El Estado abandonó la regulación de los precios realizada por la Secretaria de Comercio. Los resultados no tardaron en aparecer y el 85 % de los fármacos de mayor demanda aumentaron más que la inflación. Hay además faltante de drogas para tratamiento de tuberculosis, VIH y drogas oncológicas, a lo que se suma la reciente noticia del desarme del programa REMEDIAR.

farmcia-notaLos medicamentos son bienes sociales, en muchos casos necesarios para la vida. Noción que se degrada en Estados que abrazan el libre mercado, al haber detrás de las medicinas un negocio gigantesco, que a nivel mundial genera una Tasa de Ganancias superior a la de los bancos y que mueve más divisas que la industria armamentística. Esto responde principalmente a la demanda continua, que le permite al sector fijar precios y lograr altísimos retornos, y a la concentración de la industria en la que muy pocos países manejan la producción, comercialización, patentes e imponen sus condiciones al resto a través de tratados de libre comercio. Pero además, esta misma industria impone, muchas veces, una cultura de consumo de fármacos de última generación que no siempre se reflejan en mejores resultados terapéuticos.

Para lo cual diseminan la idea de que toda dolencia debe medicalizarse y de que cuanto más nueva es la droga, mejor para la salud. La industria cuenta para eso con una poderosa maquinaria propagandística: publicidad masiva (que debería ser regulada); grandes estudios multicéntricos para probar la superioridad (generalmente muy leve) de los nuevos tratamientos. Sus aliados son los profesionales de la salud, quienes reciben una formación universitaria permeada por los intereses de los grandes laboratorios para que se especialicen en recetar las últimas drogas del mercado.

La complejidad del problema tiene entonces varias aristas: se pagan sobreprecios; se consumen medicamentos caros y no más eficaces en lugar de orientar parte de esos recursos hacia la promoción y prevención de la salud; y por último, existen diversas barreras para el acceso a medicamentos realmente necesarios.

En este sentido, mediante un acuerdo bilateral que no requiere aprobación del Congreso, el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) se subordina a las políticas de patentemiento industrial de EEUU, haciendo inaplicable nuestra Ley de Patentes, lo que traerá como consecuencia, presumiblemente, el aumento del precio de los medicamentos. El director del INPI que firmó este acuerdo es el DR. Dámaso A. Pardo, quien antes de ser funcionario defendía firmas extranjeras en temas de propiedad intelectual desde el estudio PAGBAM, junto a Mariano Florencio Grondona y José A. Martínez de Hoz (h). Denunciados por haber destruido en 1985 documentación que probaba la ilegalidad de la deuda contraída por la dictadura militar mientras trabajaban en el estudio Klein-Mairal.
Esto implica la sumisión de la salud pública a intereses privados y extranjeros. La desregulación de las patentes hace que se pague para adquirir la licencia de fabricación y comercialización de medicamentos ya existentes, ya que es común que los laboratorios cambien concentraciones de compuestos y modifiquen mínimamente las mezclas para patentar como novedad a fármacos que no lo son.

Un negocio rentable en pocas manos

En Argentina el sector privado abastece el 92 % de los medicamentos consumidos. Existen alrededor de 250 laboratorios privados. Pero la dinámica de los veinte más grandes explica el 80 % de la facturación de los productos que se consumen en la actualidad. Dentro de estos veinte, ocho son nacionales y el resto extranjeros.

El segmento mayorista de la cadena está constituido por distribuidoras y droguerías. El rasgo fundamental de este eslabón es que está altamente concentrado. En la actualidad manejan el 70 % del mercado cuatro grandes distribuidoras, que pertenecen a su vez a laboratorios, que son las dueñas también de las cuatro droguerías más grandes del país. Con esto se garantizan los precios y las condiciones testigo.

En consecuencia, la producción está guiada por el lucro. Con lo cual, al no ser rentables, no se producen los fármacos para tratar enfermedades como la Tuberculosis, problema de primer orden en la salud pública. Los fabricaba un laboratorio público de la CABA, que cerró bajo decreto por no contar con la habilitación del ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología), bajo la gestión en la ciudad del actual Ministro Lemus, fiel a su política de no permitir el desarrollo de laboratorios públicos en la ciudad de Bs As. El Gobierno de CFK ante ese faltante, aplicó la ley de abastecimiento y logró que se produzcan en laboratorios privados. Este gobierno no está dispuesto a aplicar esa ley.

Programa REMEDIAR como herramienta para garantizar medicamentos esenciales a toda la población

Durante la última década, el Estado Nacional garantizó la accesibilidad mediante distintas estrategias. Una de las más importantes, fue el programa REMEDIAR.

remediar_1Este programa provee medicamentos que cubren el 90 % de las patologías más frecuentes a todas las personas que se atienden en el sector público (casi la mitad de la población) en el primer nivel de atención (dispensarios, salitas, centros de salud). Fue implementado hace 13 años, y con los 74 medicamentos que contiene en su vademécum ha garantizado el acceso a los mismos a 1.7 millones de personas por mes. No solo fue un éxito en reducir costos (siete veces menor de lo que puede adquirirse en una farmacia) sino que además, como política sanitaria, orientaba las consultas hacia la atención primaria, descomprimiendo la consulta en hospitales. Ha sido una herramienta política redistributiva, en tanto destina la mayor cantidad de sus recursos, a los sectores de mayor vulnerabilidad.

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Durante el año 2016, la entrega de tratamientos por parte del programa REMEDIAR disminuyó casi en un 50%. Para el 2017 el panorama parece ser aún peor. La última compra adjudicada por licitación en estos días contiene solo 39 medicamentos de los 74 que estaban en el vademécum, y en lo que va del año se han entregado la mitad de tratamientos respecto a igual período del año 2015, según fuentes del propio Ministerio de Salud de la Nación.

A modo ilustrativo, si deja de existir REMEDIAR, una persona de 60 años Diabética e Hipertensa (33% de la población adulta) empezará a gastar mensualmente de su bolsillo al menos 1000 pesos.

Como en los 90, el Estado Nacional descentraliza la prevención y promoción de la salud, sin transferir recursos al sector público. Esto implica que los medicamentos dejaran de ser comprados y distribuidos por el Estado Nacional y deben ser garantizados por los Estados provinciales.

La Producción Pública de Medicamentos (PPM): el único camino que garantiza la soberanía sanitaria

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Jorge Lemus, Ministro de Salud de la Nación, acompañó al presidente Macri cuando era alcalde de la CABA desde el ministerio de salud de la ciudad.

El recurso para ir corrigiendo esta situación es una política de producción pública. Funcionando de esta manera como regulador de precios y como un instrumento de soberanía sanitaria que le permite al Estado: auto-abastecerse en caso de crisis internacionales; producir medicamentos huérfanos (que no desarrolla la industria privada por razones de baja rentabilidad), como el tratamiento de la enfermedad de Chagas; orientar la producción a las necesidades epidemiológicas propias del país y reinvertir el total de las ganancias en I +D (investigación y desarrollo).

Existen más de treinta laboratorios públicos que dependen de gobiernos provinciales, municipales o de distintas universidades nacionales y abastecen solo entre el 7% y 8% del mercado. Entre los que alcanzaron destacados niveles de gestiones y que funcionan de manera autárquica figuran: Puntanos, de San Luis; Hemoderivados, de Córdoba; de Especialidades Medicinales (LEM), de Rosario, etc.

Durante el año 2014 se reglamenta la ley 26688 de Producción Pública de Medicamentos (PPM). Se aprobó además, a fines de ese mismo año, la creación de la ANLAP, una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. La ley y el impulso que se le dio en el último año de la gestión kirchnerista tenía por objetivo inmediato ampliar el mercado de PPM al 25 % (cuenta con capacidad instalada ociosa) y en vías de seguir ampliando el sector.

Gran parte de la producción de estos laboratorios estaba destinada a satisfacer las compras del programa REMEDIAR, generándose un círculo virtuoso entre producción pública, desarrollo industrial y tecnológico, regulación de precios y garantía en el acceso.

Del Estado al mercado

En julio de 2016, mediante el Decreto 883/2016 se da por finalizada la gestión al frente de la ANLAP del Dr. De Urraza y con esto su posterior desarticulación. Pasa la agencia a la órbita del Ministerio de salud y le reduce el presupuesto de 150 millones de pesos asignado por la gestión anterior a 4,72 millones, según una investigación de Tiempo Argentino.

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Estamos ante una decisión política de achicar el Estado para avanzar en un proceso de privatización. En este sentido, en caso de integrarnos a los tratados de libre comercio como pretende este gobierno, la apertura a los fármacos aprobados en países centrales y sus derechos de patentes nos colocaría en una situación de dependencia sanitaria.

Si un Estado Nacional no maneja la política de medicamentos, es rehén de los abusos de la industria. Esto es una pérdida de soberanía, al no poder decidir sin depender de terceros en un tema tan sensible y fundamental como la salud de sus habitantes.

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