Aseguradoras de Riesgo del Trabajo y el abandono de la salud de los trabajadores/Laura Gastaldi

Revisar con cuidado los datos que provienen del mundo del trabajo otorga una clave imprescindible para profundizar el análisis de la avanzada contra el pueblo que está llevando a cabo el actual gobierno oligárquico.

Para el bloque de poder hoy en el Gobierno, la reforma laboral, la previsional y el ajuste en el gasto público, son los mecanismos que les garantizan cumplir sus objetivos de acentuar la distribución regresiva del ingreso y, en efecto, restaurar en todos los órdenes el sistema neoliberal. En cuanto a la reforma laboral que pretenden para luego de la elección de octubre, y de la cual aún poco se sabe, un punto de avance en ese sentido fue dado con la modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo.

El Gobierno de Mauricio Macri logró en febrero de este año la sanción de la ley que modifica el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). La norma supedita el acceso a la Justicia laboral a una evaluación previa realizada por comisiones médicas. La medida tiene por objeto dificultar los reclamos de los trabajadores ante accidentes laborales, con el argumento de ponerle un freno a la “elevada” litigiosidad y a lo que han dado en llamar “la industria del juicio” o, simplemente, “mafia del juicio laboral”.

La lógica de la medida, apoyada por la UIA y todo el sector empresario, se fundamenta en que poniendo trabas a los reclamos de los trabajadores por accidentes o enfermedades propios del trabajo se reducirían costos laborales y las pólizas de seguro que perciben las ART.

¿Cuál es el verdadero negocio y funcionamiento de éstos seguros?

Muchas de las aseguradoras que operan en nuestro país tienen sus casas matrices en el extranjero.
Muchas de las aseguradoras que operan en nuestro país tienen sus casas matrices en el extranjero.

Las ART fueron instituidas en 1996 por la ley 24557 en el marco del Consenso de Washington y atendiendo a las demandas del Banco Mundial. Estos organismos hicieron lobby para la privatización de higiene y seguridad en el trabajo, hasta entonces dependencia del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esa ley, crea la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, financiada por las mismas empresas a las que debe controlar, las ART, y que llevaron a la salud de los trabajadores argentinos a ser la variable de lucro de esas aseguradoras.

La salud de los trabajadores, en el marco del Sistema de Seguridad Social en la Argentina, se encuentra fragmentada y disociada en dos espacios institucionales distintos, lo que dificulta políticas integrales en materia de salud. En la órbita del Ministerio de Salud de la Nación se regula y fiscaliza a las más de 300 obras sociales sindicales que dan cobertura a la enfermedad y asistencia médico-sanitaria a más de 19 millones de trabajadores y sus familias. Pero la asistencia y prevención de accidentes o patologías laborales se encuentra en la órbita del Ministerio de Trabajo.
Así, esta legislación ha configurado un sistema con alta burocratización que se caracteriza por ser de carácter obligatorio para todo empleador (lo que genera un gran mercado), pero está desvinculado del resto de la seguridad social. Es privado y se desenvuelve en el sector financiero con fines de lucro.

¿Cuál es el negocio? Rechazar sistemáticamente cualquier patología, en complicidad con las comisiones médicas y con la SRT, argumentando que los problemas crónicos de columna no son consecuencia de cargar bolsas en el ámbito laboral, por poner un ejemplo. Desconoce enfermedades profesionales y descarga el peso de estas últimas en la seguridad social y/o el sector público.

El 69 % de las enfermedades ocupacionales se diagnostican y tratan fuera del Sistema de Riesgo de Trabajo, fundamentalmente en las obras sociales sindicales y en el sector público.Ni siquiera los exámenes periódicos semestrales que deben hacer a los empleados se realizan. Cuando alguna lo hace, no se focaliza las probables lesiones derivadas de las tareas correspondientes. Se hace el mismo examen para la empleada administrativa, que para el obrero de la construcción, sin ningún criterio preventivo ni médico.

art trabajoSe calcula que del 7% al 9% del gasto total de las obras sociales se deben a la atención de patologías derivadas del trabajo (que le corresponden a las ART y son rechazadas por éstas). Ni pensar en aquellos que quedan inválidos y pasan a la cronicidad, impactando sobre el PAMI y el hospital público. O sea, que quienes siguen financiando el tratamiento de la enfermedad o del accidente, son los trabajadores, con ahorro genuino interno de salario diferido.

Si bien se ha duplicado el número de trabajadores cubiertos desde 2003 al 2015, no se han modificado sustancialmente los índices de enfermedades ocupacionales reconocidos por el sistema, variando de 1,2 a 1,47% del 2006 al 2015 (según estadísticas publicadas por la SRT), lo que significa un ocultamiento jurídico epidemiológico de la enfermedad profesional en la Argentina. Esto ocurre, en parte, por las limitaciones que impone el listado de enfermedades reconocidas como profesionales, el manual de procedimientos para reconocerlas (de acuerdo a los decretos 658 y 659 del año 1996, aún vigentes). De este modo, se generan las condiciones propicias para los rechazos que realizan las ART y las comisiones médicas dependientes de la SRT.

Sin embargo, el costo del seguro se ha incrementado con los años. La alícuota promedio como porcentaje de la masa salarial total, pasó de representar un 1,3 por ciento en 2001 al 3,5 %en 2015. Sobre una recaudación anual de unos 54 mil millones de pesos, la ganancia es aproximadamente del 20% para las aseguradoras. Fondos que debieran ser destinados a la prevención y tratamiento de la salud de los trabajadores, son fugados del sistema por estas empresas financieras.

En cuanto a la magnitud del tema litigiosidad, que ha servido de excusa para la nueva reforma regresiva, la causa principal está en el incumplimiento Patronal-ART de las condiciones y medioambiente de trabajo, y en el ocultamiento jurídico epidemiológico de las enfermedades del trabajo. Se empeñan en afirmar y demostrar un aumento de la cantidad de juicios iniciados a las ART durante los últimos cuatro años, pero omiten decir que éstas no se hacen cargo de la prevención y tratamiento de patologías con relación directa a las condiciones y tipo de trabajo.

Cuando comparamos la cantidad de siniestros denunciados al Sistema de Riesgos de Trabajo durante el 2015 (650.000), con la cantidad de judicializaciones de dichos siniestros en el mismo período (106.000), vemos que solo el 16 % de los trabajadores que se accidenta inicia juicio. Si además, lo comparamos a los 9.873.000 trabajadores afiliados al sistema, vemos que el 99% de los trabajadores no le hacen juicio a las ART. Estimaciones que toman como base los datos publicados por la SRT.

Lo que no dicen la ART y sus mentores del Gobierno es que con el aumento de la tasa de interés y la diferencia entre el valor de la indemnización y el tiempo del juicio, las ART hacen el negocio.
Durante los años del Gobierno Democrático Popular, no se logró derogar la ley de riesgos de trabajo, ni estatizar las ART, como se hizo con las AFJP. Esto permitió a las compañías de seguros acumular una amplia ganancia y mantener una cuota de poder a través de la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART), la cual puede manejar hoy, como en la década del 90, la totalidad del sistema.

Un aspecto central de las políticas preventivas de la enfermedad profesional está en la participación y el rol activo de los trabajadores y sus organizaciones, quienes deben asumir un papel protagónico en la lucha por cambiar un Sistema de Riesgos de Trabajo que está inspirado en las políticas neoliberales de los 90 y que a pesar de los avances democratizadores del anterior gobierno, se ha mantenido intacto, y puede hoy, gracias al Gobierno oligárquico, continuar avanzando para arrasar con los derechos de los trabajadores.

18626_Industria_MetalurgicaLas estadísticas muestran que hay tres trabajadores por día muertos a causa de accidentes o enfermedades laborales (sólo en los registrados). Debería llamarnos a la reflexión en cuanto a continuar la convivencia con un sistema que lastima y daña no sólo a los trabajadores, sino a las empresas que abonan un servicio que no se brinda. También, la libertad con que se mueven las aseguradoras repercute en la estructura de costo de las empresas y en la competitividad de las mismas, puesto que en algunos sectores representa el 15% de la masa salarial, elevando los costos laborales. Del mismo modo, el negocio que le dieron a las aseguradoras desvía recursos que podrían servir a la inversión y a la seguridad e higiene de los trabajadores, cuidando su único capital: la salud.

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