El ajuste a la educación es una estrategia económica en dos sentidos. Para aquellos que esgrimen explicaciones monetaristas del fenómeno inflacionario, que no tienen una visión integral de la economía sino que supeditan el todo complejo a solo una de las variables económicas, tal cual hace este gobierno, la desaceleración del aumento de los precios es primordial y la receta para lograrlo bastante conocida por los argentinos. Consiste básicamente en disminuir la liquidez económica para enfriar la demanda. Para ello es crucial la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de los sectores que emplean mayor cantidad de gente. Siguiendo la lógica de esta perspectiva no es inflacionario un aumento del 47% en las dietas de los legisladores nacionales puesto que son unos cuantos centenares, solamente. Pero sí lo es el aumento a docentes ya que incentivaría notablemente el consumo y según creen es el principal causante de la inflación.
Actualmente hay 1.057.136 docentes en actividad en el país según datos del Censo Nacional de Personal de los Establecimientos Educativos de 2015. Entre empleados de comercio (cuenta con 1.500.000 afiliados de acuerdo a la cifra publicada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) y los docentes representan el 25% del total de los trabajadores registrados en la Argentina actualmente (aproximadamente 10millones). De ahí la imperiosa necesidad del gobierno de que negocien a la baja, para que ese 25% consuma poco. Aunque en última instancia lo que buscan es negociar fuerte con los docentes para disciplinar al resto de la clase trabajadora en busca de que el país sea competitivo en costos salariales lo que les permite aumentar las ganancias, que ya son obscenas, a quienes manejan los hilos de nuestra economía.
Por otro lado, la postura oficial respecto a los resultados de la prueba Aprender da cuenta del anhelo del gobierno por contar con datos que certifiquen el supuesto de que el nivel de la educación pública es malo respecto a la privada. Llama la atención ya que se supone que el Estado realiza estas mediciones para tener un diagnóstico de la situación y, en función de ello, desarrollar líneas y planes para fortalecer la enseñanza brindada de manera gratuita, tal cual lo deja explicitado la Constitución. No son pocos los que denuncian que detrás de todo esto hay un intento por privatizar la enseñanza y hacer de ella un lucrativo negocio. En la marcha federal por la educación muchos dirigentes le recriminaron al gobierno su desprecio por lo público, a raíz de las desafortunadas declaraciones del presidente, reforzadas por Esteban Bullrich, Ministro de Educación y licenciado en administración de empresas.
Schiaretti, el mejor alumno de Macri y Vidal
Por su parte, el gobernador de Córdoba, uno de los principales aliados de Cambiemos en el interior del país, no tardó en salir a apoyar la confrontación que el gobierno de los CEOs está llevando a cabo contra los docentes. El representante del PJ cordobés arremetió contra el reclamo docente y desoyó el artículo 10 de la ley 26.075 sobre la financiación de la educación. Schiaretti reprodujo el mismo argumento que vociferan los funcionarios de Cambiemos: “lo he dicho en innumerables oportunidades, no tiene ningún sentido una paritaria nacional entre el Estado y los gremios nacionales docentes. No tiene ningún sentido porque el Estado nacional no tiene docentes a cargo y por ello no debe ser el que fije el salario de los docentes cordobeses, deben ser los gobernadores de cada provincia en negociación con los sindicatos representantes de los docentes de cada distrito”, quienes acuerden los incrementos. Cuando la mencionada ley especifica claramente que tanto el salario mínimo docente como así también la carrera docente deben ser convenidos entre “el Ministerio de Educación, Ciencia Y Tecnología juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional”.
En Córdoba, la negociación paritaria no parece estar encaminada hacia buen puerto al no haber una referencia nacional que marque el piso del salario docente y al haber ofertado desde la provincia una propuesta que no les permite a los trabajadores de la educación recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado. El gobierno de la provincia proyecta una inflación para este año del 18%, con la posibilidad de reactivar negociaciones en caso de que la inflación de este año sea mayor. Respecto a la cifra, no hay ninguna consultora que la sustente, el augurio es insolvente hasta para el mismo INDEC. Su director, Jorge Todesca, manifestó que la suba de tarifas anunciada para este año hará que la inflación sea mayor al 18%. Con lo cual, esta oferta no sólo deja al bolsillo docente en una situación de vulnerabilidad de cara a este año, sino que ni siquiera le permite al trabajador recuperar lo perdido el año pasado, en donde negociaron aumentos por 35% y la inflación superó el 40%. De este modo, el mejor alumno del presidente sale a cubrirle la espalda para que el gobierno nacional no negocie una pauta de referencia que postergue la profundización de la transferencia de recursos regresiva hacia el poder económico concentrado local e internacional.
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Mientras tanto, el ministro de educación de la provincia de Córdoba, Walter Grahovac, endureció la postura y sentenció: “día no trabajado, no se paga”, al igual que en años anteriores. Un afiliado de UEPC, cuya identidad mantendremos al resguardo, nos informó que el gobierno de la provincia de Córdoba hace los descuentos de manera aleatoria, de modo tal que hay oportunidades en que descuentan a maestros que paran y en otras le descuentan a maestros que no adhieren al paro y desde la provincia aducen equivocaciones del sistema informativo. “Así buscan generar desorientación, confrontación interna y generan un desgaste que hace que hasta aquellos que defienden el paro como táctica de lucha lo pensemos dos veces. No obstante, la movilización histórica de ayer (22/03/2017) le da legitimidad al reclamo docente de una manera contundente”, sostiene nuestra fuente.
La lucha de los docentes no es solo de ellos, ni de la comunidad educativa toda, transcurre el andarivel de las grandes luchas históricas del pueblo argentino, por salario digno, educación de calidad, ampliación de derechos, más y mejores condiciones para las mayorías nacionales.
Los adolescentes de pueblos vulnerados se preguntan ¿Después de la Secundaria que somos? ¡Pordioseros de la educación! Porque no hay continuidad para seguir estudiando una carrera de Tecnicatura Superior Universitaria. De la Educación al Trabajo. Aprobado por el Consejo Federal de Educación. Título Nacional. Ley 26 206 de Educación Argentina. El Gobierno Nacional tiene que dejar de hacer política discriminatoria. El futuro es hoy ¡¡Queremos educación Tecnicatura Superior Universitaria!!