En el marco del conflicto que los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía Córdoba (Epec) mantienen con la administración empresaria, Facundo Piai entrevistó a Gabriel Suárez, Secretario General de Luz y Fuerza. El líder sindical habló de la campaña mediática de deslegitimación, sobre el estado de situación de la empresa y explicó cuáles son los motivos por los cuales definen como “irresponsable” a la gestión del directorio. También criticó la política energética del Gobierno provincial y su postura antiobrera.
Iniciativa Política: en una nota publicada en Iniciativa Política habíamos afirmado que la aprobación de normas lesivas para el convenio de trabajo colectivo de Luz y Fuerza, como ocurrió hace algunas semanas en la legislatura con la ley que impulsó el oficialismo, busca debilitar al sindicato generando las condiciones propicias para una posterior privatización de EPEC ¿estás de acuerdo con esta afirmación?
Gabriel Suárez: sí. Indudablemente que, por más que se diga en distintos lugares que no hay una intención de privatización, las distintas cuestiones que venimos viviendo desde el mes de abril a la fecha demuestran todo lo contrario. Inclusive, la gente que están incorporando en la dirección de la empresa da cuenta un poco de hacia dónde quieren ir. Hay personas que han trabajado en la parte de distribución (alta media y baja), como por ejemplo Eduardo Melano, que traen una formación que no ha sido propicia para los trabajadores lucifuercistas en todo el país. También soy parte de la estructura federativa, así que conozco el proceder de esta persona en distintos ámbitos de gestión y la respuesta ha sido siempre prácticamente negativa. Del mismo modo puedo mencionar a Sonia Doña y Luis Balbuena Espínola provenientes de la sospechada empresa Kolektor incorporados en la Gerencia de Tecnología de la Información.
El vallado policial permanente en la empresa provincial de energía y poner a un ex policía como titular (por Leopoldo Daniel Grigioni, Comisario Mayor retirado, designado como Asesor Técnico del Directorio) con un rango importante demuestra claramente la idea de tener toda la fuerza policial en el marco de la estructura de la empresa… son prácticas con las que no estamos de acuerdo que poco tienen que ver con la democracia que debe garantizar la participación de cada trabajador.
El tema de este acto bochornoso legislativo (en referencia al proyecto de ley aprobado por la legislatura el 23 de mayo que busca modificar dos artículos del Convenio Colectivo de Trabajo) es que hay una ley de inferior rango que trata de modificar un artículo del convenio que está sostenido en la ley nacional 14250 que faculta sobre los convenios de ultraactividad. Esto demuestra a las claras de que hay una intención política de quitarle poder sindical a Luz y Fuerza Córdoba, Villa María y Río Cuarto, porque esto involucra a las tres organizaciones sindicales.
También, a su vez, las resoluciones que han implementado (el Directorio) generan lockout patronal y no nos permiten reaccionar positivamentente. Porque nuestra actividad, mayoritariamente, se desarrolla ante la emergencia como es el actuar de inmediato frente a la afectación del servicio.
También nos preocupa el desconocimiento de cómo funciona la Empresa Provincial de Energía de las distintas autoridades que han puesto ahora en los distintos niveles de responsabilidad conduciendo las gerencias. Donde intentan justificar una reducción del personal comparándonos con Santa Fe.
Esta intencionalidad de compararnos con Santa Fe no tiene sentido porque allá no hay generación, mientras que EPEC sí produce. Por lo que los trabajadores de Córdoba, Villa María y Río Cuarto participan en la generación de energía, este es uno de los motivos por los que hay más trabajadores empleados en Córdoba que en otras provincias, como la EPE (Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe), porque la generación demanda más empleo.
Otra de las cuestiones que vemos es la vulneración permanente y sistemática de leyes que ellos mismos impulsaron. Como el caso de lo que llamaron “nueva gestión de comercialización” y hoy en el marco de la ley 10304 se plantea la idea de cerrar los centros de atención comercial. Ya han cerrado las cajas. Esto genera que la gente vaya a los Rapipagos, Pagofácil u otras modalidades de pago como el home banking, que hace que la recuperación económica de ese monto de dinero llegue a la empresa a destiempo.
Otra de las cuestiones que también se equivocan, porque lo han hecho mal, es el atraso en la lectura de medidores. La toma de lecturas en el año 2008 generó la separación del cargo de un gerente y un subgerente. Ahora, lo que nosotros decimos es que se necesita más personal para hacer la tarea en tiempo y forma. Porque si tenes asignado en la capital a sólo 33 trabajadores en el sector de Toma Estado (por quienes se ocupan de recabar la información de consumo de los medidores) para leer seis mil seiscientos medidores por mes… entonces no hay una falta de cumplimiento de los trabajadores, como suelen decir. Hay irresponsabilidad de la empresa.
Entonces, esto ha generado, con la advertencia previa del gremio y nuestro rechazo, lo que la empresa toma como idea definitiva que es estimar la lectura. El estimado de las lecturas es un problema gravísimo, porque hay gente que se trasladó de medidor o no consumió lo mismo con el comparativo del mes anterior. Lo más preocupante es que esta desidia de parte de la empresa hace que quedemos muy mal frente a nuestros verdaderos patrones que son los usuarios de Córdoba.
IP: Estas conductas que usted describe que hacen a una gestión deficiente de parte de la empresa a qué obedecen ¿podemos considerarlas como errores no forzados producto de la ineptitud de la gerencia que usted describe o hay un intento solapado de vaciar la empresa?
GS: Partimos de la base de que la empresa aún no ha presentado sus balances y cualquiera sabe que una gestión empresarial sin balances es una mala gestión. Esta situación es complicada y se está analizando si esto podría considerarse mal desempeño de la función pública. Inclusive, cuando hicieron el bochorno legislativo que no tiene sostenimiento alguno en el marco de la legalidad, como ya he dicho, deberían de haber llevado balances para decir “por esta situación proponemos tal cuestión”, pero no lo hicieron. Entonces la definición que tomaron no tiene sustento jurídico ni tampoco económico.
También la conducción de la empresa negocia una deuda con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) de un modo dudoso. De una deuda que era de aproximadamente siete mil setecientos millones de pesos y que hicieron un pago de aproximadamente 800 millones de pesos mensuales y que cuando se atrasaron te ponen un interés que es altísimo, uno dice: “¡están pagando intereses!”, acá hay un mal desempeño de la función pública. Porque si el presidente no se anticipó a esta realidad… es complicada la cuestión.
En esta situación nos toca a nosotros Luz y Fuerza encabezar esta lucha desde Córdoba con varios gremios que ya han empezado a hablar. Se largó un pronunciamiento de parte del congreso de la federación de las 41 organizaciones sindicales federativas que están en la federación de Luz y Fuerza de la República Argentina dándonos respaldo permanente y el apoyo de movilizar a Córdoba si es necesario para acompañar a los trabajadores de Luz y Fuerza Regional, de Río Cuarto y de Córdoba. A todo esto, nos vemos envueltos en provocaciones permanentes como ocurrió recientemente con la detención de un compañero, situación que estaremos dirimiendo en el ámbito de la justicia con el asesoramiento que corresponde y con el acompañamiento de todo el gremio porque sabemos la intencionalidad que tienen, lo hemos vivido en épocas anteriores cuando intentaron privatizar EPEC y utilizaban procedimientos muy similares a los que vemos hoy.
Retomando la pregunta, esto no es un acto de desprolijidad o desconocimiento. Esto está muy prolijo, están cubriendo desfasajes económicos que ha producido una mala gestión y creo que tienen como idea venir no tan solo con lo que refiere al convenio colectivo de trabajo, sino contra EPEC y contra los intereses de todos los cordobeses. Te voy a dar un ejemplo, hemos pedido por nota que nos informen de distintas tarifas que ha concedido la empresa provincial de energía porque queremos saber quién se hacer cargo de esa tarifa, si se hace cargo el gobierno de la provincia o si lo hace el gobierno nacional y cuáles son las requisitorias para otorgar tales cuestiones. No nos dieron respuesta. Para colmo nos enteramos de que aparece una legisladora de la provincia de Córdoba que tiene la tarifa social y hace no menos de diez años, aproximadamente, y parece que a eso no la ha tenido en cuenta nadie. Cabe aclarar que la diputada provincial Nilda Azucena Roldán (de Unión por Córdoba) levantó la mano para que se eliminara el artículo 77 del convenio colectivo de trabajo cuando ella está haciendo un usufructo de un beneficio que no le corresponde porque, obviamente, su situación no entra en la requisitoria que se establece en el marco de una tarifa social.
IP: hay una campaña mediática de desprestigio que se manifiesta continuamente en no pocos medios de difusión locales que tiene como blanco a los trabajadores de EPEC, al sindicato que los representa y en contra del convenio colectivo, naturalmente, ¿cuánto representa el convenio y estas normativas controversiales, según plantean muchos medios, en la ganancia total de la empresa?
GS: nosotros no tenemos ni incidencia en comparación al costo de la deuda que la empresa tiene con Cammesa. La situación que atraviesa EPEC no se debe ni a problemas técnicos, ni a un problema de costo laboral establecido en el convenio y hecho ley. Esto es un problema económico, producto de los desmanejos. Si vos te pones a analizar todas las pautas publicitarias de algunos medios que como bien vos decís se suman a la campaña de desprestigio, sumado a la cantidad de gerentes importados que han traído, ponele a eso los intereses que se le están pagando a Cammesa por no haber cumplimentado con la normativa que se había acordado, a eso agregale las distintas obras que nosotros con anterioridad sugerimos que no son necesarias y que la gerencia las ejecutó con un costo adicional y algunas otras cuestiones que se ocultan a través de no presentar el balance. Porque en el balance queda bien claro que la incidencia económica de los sueldos de los trabajadores de EPEC, la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo no son significativos comparativamente con una deuda de, supuestamente, siete mil setecientos millones de pesos que engloba el mal negociado que hicieron con el tema de la central Bicentenario (por la central de ciclo combinado ubicada en la localidad de Pilar que por problemas técnicos genera menos energía de la anunciada generándole una pérdida a EPEC), en donde hubo una denuncia determinada. Entonces, esta ecuación que acabo de mencionar hace al desacople económico de la empresa. Donde no es el convenio colectivo de trabajo.
En esta situación nos toca a nosotros Luz y Fuerza encabezar esta lucha desde Córdoba con varios gremios que ya han empezado a hablar. Se largó un pronunciamiento de parte del congreso de la federación de las 41 organizaciones sindicales federativas que están en la federación de Luz y Fuerza de la República Argentina dándonos respaldo permanente y el apoyo de movilizar a Córdoba si es necesario para acompañar a los trabajadores de Luz y Fuerza Regional, de Río Cuarto y de Córdoba. A todo esto, nos vemos envueltos en provocaciones permanentes como ocurrió recientemente con la detención de un compañero, situación que estaremos dirimiendo en el ámbito de la justicia con el asesoramiento que corresponde y con el acompañamiento de todo el gremio porque sabemos la intencionalidad que tienen, lo hemos vivido en épocas anteriores cuando intentaron privatizar EPEC y utilizaban procedimientos muy similares a los que vemos hoy.
Ahora, mientras a nosotros nos tienen discutiendo esta cuestión, aprovecho estos medios para decirlo, van a hablar de una nueva actualización tarifaria. Entonces en el orden nacional se dice: “¡no al tarifazo!” y en la provincia están preparando una audiencia pública para aumentar la tarifa de EPEC. Entonces, estamos convencidos de que esto es una política fuerte, como las que ya hemos vivido anteriormente, en donde los objetivos, a nuestro entender, son apuntar a la empresa, para desguazarla. Inclusive, en el marco de la nueva ley eléctrica provincial también está figurando la creación de una empresa de transporte de energía… yo me pregunto: ¿será que a futuro estas empresas de energía renovable van a poder venderle a la propia empresa provincial de energía el excedente de su consumo utilizando las líneas de transporte de alta, media y baja que ya están porque las hicimos nosotros como trabajadores de EPEC? ¿Irán a cobrar un peaje para que eso se pueda incorporar al consumo de la empresa o al sistema interconectado nacional?
Quiero dejar en claro que no estamos ni discutiendo salarios, ni planteando una medida de fuerza que perjudique a los usuarios, sino que las medidas nuestras van específicamente contra el accionar de la empresa que está destruyendo la fuente laboral de los trabajadores de Luz y Fuerza, destruyendo a una empresa que tiene que seguir siendo el baluarte de crecimiento y el desarrollo de esta provincia cosa que no lo está haciendo. Están desprotegiendo al pueblo de Córdoba a través de los acuerdos nacionales que indudablemente están a la vista que afectan los intereses de las mayorías.
IP: a fines del año pasado, el Gobierno nacional generó, mediante el decreto 882/17, las condiciones propicias para redefinir la estructura societaria de ENARSA. Teniendo en cuenta que EPEC tiene acciones clase B en EARSA, ¿una privatización de este ente afectaría el patrimonio de EPEC?
GS: ENARSA buscaba incorporar todos los segmentos de la energía (como fue alguna vez Agua y Energía) en un nuevo marco eléctrico nacional. Indudablemente que haya perdido ENARSA las generaciones de distintas centrales importantes terminó afectando la estructura de crecimiento para tener una matriz energética. ENARSA dejó de ser una figura estratégica. En este marco, Luz y Fuerza planteó que esas centrales volvieran a las provincias, a los municipios, y no fue así lo que se hizo. Se empezó a generar la intencionalidad de la privatización. Pero el tema accionario nos va a perjudicar a todos.
IP: teniendo en cuenta su filiación peronista y su rol activo en lo que históricamente se llamó la columna vertebral del movimiento, ¿qué opinión tiene del posicionamiento de Schiaretti en este contexto?, por otro lado: ¿le llama la atención la política antiobrera que ha tomado Unión por Córdoba?
GS: no estoy para nada de acuerdo que un gobernador peronista asuma el compromiso de vulnerar las leyes que nos diera el general Juan Domingo Perón. Para volver a ser dignos de Perón, este modelo no puede estar más en la República Argentina. Quien aplique un modelo de exclusión dejará de ser peronista, por lo menos para aquellos que nacimos en cuna peronista y moriremos en cuna peronista, siguiendo la filosofía peronista que le dio la grandeza a la patria. Hay que empezar a revitalizar el consumo interno a través de un modelo de producción en donde los salarios sean la base del consumo y esto permita nuevamente reabrir las fuentes de trabajo. Es decir, un proyecto nacional que involucre a las mayorías y no que sea un proyecto para algunos pocos y con expulsión de mucha gente que hoy está pasando hambre.
Lejos de esto que no es peronismo (en referencia al modelo económico de la provincia). Ni mucho menos con lo que hace el macrismo a nivel nacional que no tiene nada que ver con el peronismo, es totalmente lo contrario.
El modelo provincial no se alejó del modelo nacional. Inclusive hay muchos políticos de Córdoba que están desarrollando funciones a nivel nacional, tanto del partido radical, como también del peronismo.