Declaración de principios y programa

Al fundar Iniciativa Política lo hacemos con el propósito de generar una confluencia de fuerzas nacionales que apuesten a superar los límites actuales de un movimiento nacional fragmentado y sin rumbo, cuyas debilidades causaron la derrota popular, y amenazan con privar de futuro a las mayorías, que no lo tienen sin liberar a la patria.

Para nosotros, los desafíos parten de la “patria chica”, pero requieren construir una Federación Latinoamericana. Aislados, sin superar el fracaso del grandioso proyecto de San Martín y Bolívar, el mosaico latinoamericano no podrá eludir las prácticas depredadoras del capitalismo senil, que nos arrastra a niveles de miseria creciente, guerras sin fin, ruina medioambiental y un deshumanizado imperio de “sálvese quien pueda”. Sólo una Federación Latinoamericana libre, unida y próspera es capaz de construir un modelo humanista y avanzado, para nuestros pueblos. Y para alentar, desde nuestro continente, una mutación global que ponga fin al antagonismo creciente de las relaciones internacionales y sociales, al pesimismo creciente y el miedo al provenir, que son el resultado de la lógica del imperialismo. En su crisis crónica, el sistema, sin oponentes tras la caída del “socialismo real”, sostiene a cualquier precio su parasitismo financiero, el derroche de sus elites, y la pérdida correlativa del Estado de bienestar, en los propios centros y la corona con la miseria de los pueblos oprimidos, mientras estimula el racismo y otras formas perversas de enfrentamiento irracional, que buscan desviar el malestar generalizado hacia una disputa entre las víctimas de su poder.

En ese marco, asistimos al agotamiento, al menos parcial, de la emergencia de un bloque nacional latinoamericano, que vimos desplegarse con el nuevo siglo. Se impone ante nosotros, con el dolor, la plena conciencia de que las corrientes que sustentaron una gran esperanza habían nacido, más que como el fruto de una gestación premeditada, como respuestas espontáneas frente al colapso provocado por las políticas impuestas por el Consenso de Washington. Políticas que, llevadas con la supervisión del FMI, en nombre de los centros financieros globales, respondían a las exigencias de la especulación hipertrofiada, que impuso su hegemonía a la producción y el trabajo, a costa de las necesidades de la humanidad entera.

En el caso particular de la experiencia kirchnerista, hemos visto, como carencias: 1) La falta de un proyecto nacional explícito apto para librarnos del dominio imperialista. Es claro de hubo acciones orientadas en tal sentido, cuyo mayor logro fue recuperar YPF y el sistema previsional. Pero fueron excepcionales, dentro de una gestión que se propuso impulsar un “capitalismo normal”, con eje en dar impulso a la “burguesía nacional”, sin asignar al Estado el rol central que le había señalado, en su momento, el peronismo histórico; 2) Para peor, esa visión equivocada y medrosa, pero posible de superar en la experiencia misma, con protagonismo popular, fue refrendada, para aquietar o seducir al poder concentrado, sumiendo a las masas en el apoyo pasivo, lesionando los lazos con la clase trabajadora y el movimiento sindical, e imponiendo al movimiento una conducción vertical, al amparo de la cual creció una burocracia de chupamedias ineptos, se asfixió el debate de ideas y proyectos y estranguló en la cuna la iniciativa popular, ahogada por “referentes” que nada hacían por ganar la batalla ideológica y cultural, ya que se trataba de meros “aplaudidores”. Las carencias antemencionadas, programáticas y metodológicas, fueron determinantes en la derrota final, que es inexplicable sin tenerlas en cuenta.

El debate público y el protagonismo popular son las herramientas del programa de liberación, que debe ser explícito en su sentido general, aún previendo un desarrollo gradual, condicionado por el avance en las relaciones de fuerza. Sin que el pueblo “sepa de qué se trata” es imposible obtener plenamente su respaldo activo y quimérico desarrollar, con base en la movilización de las mayorías populares, un programa nacional, democrático, popular y revolucionario apto para lograr –con el respaldo de un desarrollo científico-tecnológico planificado en función del interés nacional– una industrialización diversificada y plena, el desarrollo autónomo de alcance continental, la soberanía política y la justicia distributiva y la unidad nacional de la Patria Grande.

Decimos nacional, pensando en la continuidad de los movimientos populares que en la historia del país, enfrentando a los grupos oligárquicos (hoy diversificados) y al bloque de poder liderado por el imperialismo, buscaron encontrar un camino propio para la patria y su pueblo. En las condiciones del siglo XXI, retomamos la lucha por la emancipación espiritual y material de América Latina, que nos incluye, y asumimos el ideario de la Reforma Universitaria y el 17 de Octubre, como las ideas de Jauretche, Scalabrini Ortiz y tantos otros, contra la colonización cultural de las elites europeizadas. Expresado en los términos de la economía política, el drama del país proviene del triunfo, hasta hoy, de las fuerzas que destinan la renta nacional al consumo improductivo, la evasión de divisas, la especulación, el giro de utilidades al exterior, en lugar de reinvertirla productivamente, para dar impulso a la reproducción ampliada y el desarrollo de todas las ramas de la economía. Contrariamente, el capital extranjero y nuestras elites económicas sólo impusieron formas de producción capitalista periféricas, como requisito para gozar del parasitismo social, con lo cual lesionaron el desarrollo nacional y nos satelizaron estructuralmente a los centros de poder del imperialismo mundial.

Consecuentemente, esa contradicción, fundamental, explica y sustenta la necesidad de agrupar en un bloque nacional a todos los sectores cuyo destino frustra la situación semicolonial: el pequeño empresariado de capital nacional, la inmensa mayoría de las clases medias, los trabajadores de la ciudad y el campo, y los seres humanos excluidos por el sistema, como si fuesen un desecho, hacia la marginación y la miseria.

Decimos democrático, convencidos de que las grandes transformaciones que requiere el país se deben sustentar en la soberanía popular, y si pretendemos hacerlas perdurables es imprescindible vigorizar la participación de las mayorías en todos los planos de la vida nacional. El voto popular es irrenunciable; su pérdida fue siempre trágica para la nación. Puede decirse que la democracia no impidió la ruina de nuestra patria, entre 1983 y el 2001. Pero allí, es preciso reconocerlo, fallamos como colectividad, las mayorías y sus líderes circunstanciales. Ocurre que no hay fórmulas que nos ahorren la tarea de madurar como pueblo y revalorizar el patrimonio, la producción y el trabajo argentinos. La cultura identitaria debe conservar las mejores tradiciones, incorporar la ampliación de los derechos ciudadanos, promover la utilización de fórmulas emparentadas con la democracia directa, como la revocabilidad de los mandatos, el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, mientras se instrumentan vías para remover la legislación y combatir los prejuicios que atentan contra la igualdad y legitiman la discriminación de raza, género y origen social. La crisis global de la sociedad humana nos obliga a pensar en la necesidad de impulsar cambios paradigmáticos en la visión de la vida, apuntando a sustituir la anomia moral, el individualismo extremo y creciente irracionalidad, como patrones efectivos de una conducta asocial, por normas que nos recuperen como sujetos conscientes de sus deberes recíprocos y de los beneficios derivados de practicar la solidaridad y crear una sociedad reconciliada consigo mismo, con la naturaleza que nos rodea y las posibilidades de humanizar la existencia de todos.

Pero hay algo más, en nuestros principios y métodos operativos. Consecuentemente, sin caer en la contradicción de aquellos que quieren democratizar la sociedad y desconocen esa necesidad en el seno mismo del movimiento popular y sus propias agrupaciones, Iniciativa Política da un valor primordial a la tarea de formar a cada militante y utilizar formas que garanticen su protagonismo. Es fundamental impedir los fenómenos de burocratización, clientelismo, arribismo, corrupción, ascenso de los obsecuentes que nunca disienten para escalar posiciones, pérdida del sentido de la solidaridad grupal y de la vocación de servicio a la colectividad, que justifica y legitima la práctica de la política. Y la voluntad patriótica, la formación ideológica y política, y la participación plena en el debate de ideas y la toma de decisiones es la mayor garantía contra esos vicios que apartan de la política a tantos ciudadanos.

Decimos popular, por nuestro programa y nuestras modalidades de acción. Los “dueños del país”, las minorías privilegiadas, son antinacionales y antipopulares; de espaldas al país, lucran asociadas a un sistema de intereses que subordina nuestra economía y condena a la exclusión y la pobreza a amplios sectores de nuestra sociedad. El desarrollo debe favorecer al pueblo con una distribución progresiva del ingreso y la riqueza; los recursos y los servicios de educación, salud, recreación y seguridad pueden y deben corregir las desigualdades, promover a los sumergidos y a la comunidad toda, sin servir únicamente a los grupos que tienen recursos y poder. Un proyecto nacional debe dar cuenta de las justas aspiraciones de los pueblos originarios y los campesinos amenazados por la expansión de los agronegocios y asumir la defensa del equilibrio medioambiental, ante intereses antisociales que lo degradan irresponsablemente, protegiendo los bienes naturales del suelo y el subsuelo. En nuestro país, un productor de alimentos, es posible hoy, en cortísimo plazo, construir un marco de pobreza cero.

Y decimos revolucionario, porque al apoyar los avances que impulsaron la recuperación del país durante los 12 años de gobiernos populares, lo hicimos en la convicción de que se llevaba adelante una política nacional, pero no un programa de liberación nacional, el único que nos permitirá dar por concluido el dominio oligárquico-imperialista que saquea a la Argentina desde la Revolución de Mayo. Una transformación profunda y duradera sólo será posible rompiendo los moldes de la sociedad actual; no estamos hablando de suprimir la propiedad de los medios de producción, sino de subordinarla al interés general y a la liberación de la patria; la propiedad privada no puede ser el privilegio de pocos y el individualismo la norma, contra la solidaridad social y el desarrollo de la comunidad. La Argentina, concretamente, debe terminar con el parasitismo rentístico y los modos diversos de especulación improductiva, que benefician al poder económico concentrado, y dar el predominio en su estructura económica a las pequeñas y medianas empresas de capital nacional, a las formaciones cooperativas y a la propiedad social, con el respaldo insustituible de un Estado que asuma las grandes empresas impulsoras del desarrollo sustentable, en el campo energético y minero, en los servicios fundamentales, en el comercio exterior, en las grandes explotaciones del universo agrario y en el sistema financiero. Tal como lo señaló el peronismo histórico, la propiedad privada debe asumir, si quiere legitimarse, la responsabilidad social y de preservación del medio ambiental y humano.

Nuestro Programa

1. Nacionalización del Comercio Exterior, creando un organismo similar al IAPI. Restablecimiento de las Juntas reguladores de Carnes y de Granos, con participación de los pequeños y medianos productores y creación de otras (Energía, Minerales, etc) en todas las actividades exportadoras y, por tanto, generadoras de las divisas que deben sostener el desarrollo general.

2. Derogación de la Ley de Inversiones Extranjeras vigente (Martínez de hoz) y establecimiento de normas que discriminen favorablemente al capital del Estado y los empresarios argentinos, bajo el principio general de que el capital extranjero sólo puede invertir en actividades productivas que no pueda explotar sin su concurrencia el país, por razones financieras o por no dominar la tecnología correspondiente. En estos casos, los contratos deben incluir la transferencia tecnológica. La nueva ley debe impedir el traspaso a favor de empresas extranjeras de las existentes en la Argentina, así como privar al capital foráneo de la posibilidad de explotar los servicios públicos y competir con el comercio de capital nacional. Auxilio del crédito a las empresas recuperadas y el sector social de la economía. Apoyo decidido a los emprendimientos cooperativos.

3. Nacionalización de la banca, con la sola excepción de la banca cooperativa. El sector financiero deberá servir exclusivamente a las necesidades productivas y sociales del país. En el área especial de los medios electrónicos de pago se prohibirá el uso, dentro del país, de marcas internacionales y debe ponerse en condiciones de igualdad al pequeño comercio, estimulando la democratización del sector minorista.

4. Reconstrucción del sistema de transportes, con énfasis en la red ferroviaria, el transporte fluvial y marítimo, colocando al sistema bajo el dominio estatal. El transporte de cargas y pasajeros debe servir a la comunicación y el desarrollo armónico de todas las regiones y proyectarnos al espacio de la integración latinoamericana. El transporte urbano de pasajeros debe ser prestado en forma gratuita por empresas públicas del Estado Municipal, financiándose con alícuotas de los impuestos que gravan la propiedad inmobiliaria y el parque automotor.

5. Expropiación de los grandes terratenientes de la pampa húmeda y la Patagonia, para crear una Empresa Nacional de Producción Agropecuaria, bajo la dirección del INTA. Se trata de liderar un esfuerzo mancomunado con pequeños y medianos productores, las cooperativas, los agrónomos y tecnólogos y los asalariados del campo, para desarrollar, diversificar y mejorar la producción. Conformando, con la participación de todos los actores, una empresa de producción y distribución de insumos químicos y biológicos, dando impulso a la creación y transferencia tecnológica a través del INTA, el INTI, los centros del CONICET y las Universidades. Fuerte impulso a la Agroindustria, en su radicación en las áreas de producción primaria.

6. Aduanas: prohibición de importar todo lo que pueda fabricarse en el país. Correlativamente, la Lay de Abastecimiento garantizará a la población contra abusos derivados de la protección estatal.
Cuestionamiento de las prácticas discriminatorias de la Organización Mundial del Comercio, que la muestran al servicio de los centros imperialistas. Sustitución, si cabe, de esos acuerdos, por pactos latinoamericanos de beneficio recíproco.

7. Reforma impositiva. Eliminación del Impuesto a las Ganancias a los asalariados. Impuesto a las Ganancias al capital, especialmente a sus actividades financieras y bursátiles. Progresiva supresión del IVA, en los productos de la canasta básica. Reimplantación del Impuesto a la herencia. Gravar, con altas alícuotas, el consumo suntuario.

8. Salarios y legislación laboral. Aumento general de salarios, asociado a un plan para recuperar los niveles relativos de 1974 en la participación del ingreso. Participación obrera en las ganancias de las empresas. Subsidio a las PYMES, para que puedan afrontar esos nuevos costos. Restablecer las normas de trabajo derogadas tras el golpe de 1976. Sostenimiento del modelo sindical argentino, estimulando la participación y democratización interna. Decidida inversión pública en la formación técnica y capacitación laboral, en las ciudades y el campo.

9. Salud y educación. Derecho a la salud y a la Educación gratuitas, actualizando sus parámetros. Jerarquización docente, con estimulación de salarios dignos. Uso de sus recursos, con énfasis en el fomento de la cultura y el deporte, como integradores sociales. Impuso a la producción musical, al arte y el cine, con énfasis en el desarrollo de una cultural nacional no satelizada y banalizada. Beca y ayuda a la formación científica y artística, con énfasis en la democratización de esas disciplinas.

10. Derechos Humanos. Incautación de riquezas derivadas de complicidad con procesos de ruptura del orden institucional. Juicio a las figuras del núcleo de poder económico concentrado que dieron respaldo al golpe en 1976 y secundaron la represión. Extensión de los juicios por la violación de los derechos humanos al ciclo iniciado en 1955, incluyendo los bombardeos a la Plaza de Mayo.

11. Fuerzas Armadas. Defensa nacional y Malvinas. Reestructuración de las FFAA, para qué sirvan al interés y la defensa de la patria. Redefinición en sentido nacional de sus planes de estudio. Se buscará crear unas FFAA latinoamericanas, a partir de la Junta de Defensa de UNASUR. Impulso a la reconstrucción de Fabricaciones Militares, con un modelo de la Defensa Nacional consciente de la vinculación entre la Independencia Económica y el desarrollo de la capacidad militar disuasiva, y las lecciones que surgen de la experiencia Malvinas. Restablecimiento de la instrucción militar a la ciudadanía, inspirada en las nociones del Estado moderno democrático, donde las FFAA expresan institucionalmente al pueblo en armas.

Convocatoria a una Asamblea Constituyente, destinada a modificar el texto actual, restablecer los principios de la Constitución de 1949, establecer el derecho popular a reelegir indefinidamente para todos los cargos electivos a cualquier candidato y consagrar normas de práctica sencilla de la Iniciativa Popular, la Revocatoria de Mandato y el Juicio de Residencia. Modificación de los límites del Distrito Federal, ampliándolo hacia el conurbano bonaerense y restableciendo la autoridad del Presidente de la República sobre el mismo, sin desmedro de la existencia de gobiernos locales con función municipal.