El gobierno nacional y la pandemia /Iniciativa Política

Los dos principales problemas que tenía adelante el gobierno encabezado por Alberto Fernández, al comenzar su mandato, eran acudir en auxilio de los sectores que Macri llevó a la indigencia y afrontar la negociación de la deuda externa contraída criminalmente por la gestión anterior, que cabe calificar como el peor gobierno que padece el país después del Proceso; más allá, de la dictadura genocida del General Mitre.

Ambas cuestiones parecían encaminadas de buena forma, cuando todo cambió con la aparición de la pandemia y debió enfrentarse ese problema universal, totalmente imprevisto, con un sistema de salud terriblemente dañado por el ciclo del PRO y la UCR como cómplice. El coronavirus obligó al gobierno a implantar de inmediato la cuarentena vigente, para impedir que un sistema sanitario dañado sufriera un colapso, ante el avance de la epidemia y el país sufriera muchas muertes que de otra manera serían evitables. Como es obvio, nadie ignoraba las consecuencias económicas de esa medida extrema, que otros países tomaron tarde, con terribles consecuencias, a pesar de ser más avanzados y tener, pese  a todo, un sistema sanitario menos destruido.

Menos dañado, nada más. Porque la pandemia encuentra a los países centrales –EEUU y Europa– muy  mal parados: las políticas neoliberales han vaciado los sistemas públicos, para favorecer el negocio de los comerciantes de la salud y llevar a cabo los mentados “ajustes”, que liberan a los multimillonarios de pagar impuestos. Es sobre todo el caso europeo, que después de la segunda guerra mundial generó sistemas, como el británico, que eran modelos para el sanitarismo mundial. Se abandonó la medicina preventiva, que no es negocio, para achicar los presupuestos y se hizo de la salud una mercancía para los que pueden pagarla, con menos médicos y menos estructura. Italia, España –las seguirán otros en esta pesadilla que recién empieza– con sus médicos obligados a decidir quién vive y quién muere, son la prueba del crimen de lesa humanidad cometido por los apóstoles del libre mercado.

Allá y aquí, con Thatcher, Aznar, Berlusconi, Macri, auxiliados a su vez por la socialdemocracia o por el radicalismo pútrido de Negri y Aguad, la peste nos indica a quiénes sirven y a quiénes abandonan esas políticas que defienden empecinadamente los núcleos de poder económico dominante y sus gestores y periodistas. En la desdicha actual estamos viviendo la hora de la verdad.

Nuestra impresión es que el gobierno ha procedido acertadamente, al priorizar lo humano y prever el desastre que íbamos a padecer, sin la urgente cuarentena. Considerándolo, Iniciativa Política respalda con firmeza –sin ignorar quiénes somos, con la debida modestia– el sentido humanista que prevalece en las consideraciones que guían a la gestión de Alberto Fernández y su preocupación por responder, en una situación de fragilidad extrema de las cuentas públicas, a la emergencia nacional. Priorizando, como corresponde, las necesidades básicas de los que menos tienen y de un aparato productivo donde tienen un papel sobresaliente las empresas pequeñas y medianas, como soportes fundamentales del trabajo, la producción y la prestación de servicios.

En ese marco, no nos sorprenden las exhibiciones obscenas de egoísmo social que se hicieron notorias, por parte de los sectores privilegiados de la Argentina. La empresa Techint, de Paolo Rocca, beneficiaria eterna de auxilios estatales de todo tipo y el grupo Mirgor, de Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Mauricio Macri, muestran lo que son nuestras élites económicas, cuyos economistas aconsejan “no poner en peligro” la marcha de los negocios, so pretexto de que el parate traerá más muertos (Trump sostenía que la ruina económica iba a provocar más muertes por suicidio, que por el Covid-19, antes de admitir que EEUU ingresaba al infierno).

Ahora bien, nos preocupa advertir la existencia de “lagunas” en la acción estatal, en lo referente a la cobertura de los problemas económicos traídos por la pandemia, al suspender el movimiento habitual  de las personas, con su obvio impacto en la producción, el comercio y los servicios. Desde ya, no puede olvidarse que se trata de una situación no prevista por los teóricos de la administración estatal; no hay       fórmulas en la economía política para tratar una pandemia de estas características, en la cual la clave es aislar a la población y, consecuentemente, paralizar en alto grado la actividad económica. A nuestro entender, sin embargo, es necesario acudir a expedientes excepcionales, adoptando un paradigma en base al cual pueda superarse (sin suprimirlas, obviamente) la apelación a medidas puntuales, como el reciente decreto que prohíbe los despidos por 60 días, medidas que atienden al reparto de alimentos, al auxilio económico de las pequeñas empresas y otras tantas, del mismo tipo, cuya parcialidad genera las referidas lagunas, como es el caso de excluir del subsidio a ciertos sectores autorizados a mantener su actividad normal, como sería el caso de las estaciones de servicio, ignorando que la cuarentena ha reducido dramáticamente sus ventas.

Un modelo inspirado en la economía de guerra

Las circunstancias creadas por el curso de la pandemia son equivalentes a las que vive un país durante una guerra: esa situación excepcional no puede enfrentarse con los medios usuales de la vida normal, permítasenos el término. Nos parece atinado establecer como guía, ya que no existen otras conductas para este tipo de emergencias, lo que algunas naciones hicieron para afrontar esas duras pruebas, que no juzgamos, al recordarlas, desde otro punto de vista político o moral.

En la primera guerra mundial, el modelo acabado lo estableció Alemania (recordar que era entonces un Imperio, regido por el Kaiser y, como es de suponer, firme en proteger la propiedad privada). En el empeño por concentrar las energías de la nación en el esfuerzo supremo que representa la guerra, en la cual se juega el destino de la comunidad, el gobierno alemán, sin lesionar la propiedad, asumió la administración de toda la economía, subordinando a las empresas a los dictados del Estado. El interés particular debía subordinarse, hasta el final de la guerra, al control y las decisiones del poder nacional.

Una decisión semejante, en nuestro país, además de impedir las maniobras especulativas que estamos viendo (y las que no vemos, aún) establecería un orden de prioridades claro, en lo que amenaza caer,  una sucesión de maniobras de los núcleos de poder económico dominantes para hacer que la crisis la paguen las mayorías, aun a costa de su desesperación o su muerte. Permitirá administrar, por ejemplo, los recursos bancarios, que en manos privadas pretenden seguir asfixiando al empresariado mediano y pequeño, perdurando además como financista del Estado, a tasas de usura.

Señalar todo esto en modo alguno implica, por nuestra parte, el menor retaceo en dar al gobierno del Frente de Todos, que hemos votado, un caluroso respaldo, por modestas que sean nuestras fuerzas. Nuestra intención es plantear una posible respuesta global, en un marco en el cual todos los países se han visto forzados a dejar a un costado el dogma neoliberal –cuya fatídica aplicación en el orden de la salud estamos sufriendo– para revalorizar (aunque sea momentáneamente) el rol del Estado, ya no para ser el instrumento de la especulación, sino para atender el drama de sus pueblos.  

¡A la memoria de nuestros héroes, en este nuevo aniversario! ¡Viva la patria!

Iniciativa Política  

Laura Gastaldi, Débora Fraire, Javier de Pascuale, Mariano Yedro, Adrián Agüero, Osvaldo Alonso, Facundo Piai, Gustavo Matías Terzaga, Gustavo Loigge, Aurelio Argañaraz.