El 25 de mayo, Córdoba y el bocinazo de sus médicos fueron protagonistas de la fecha patria. El aglutinante principal de una protesta masiva e histórica, fue el repudio a la imputación judicial que sufrieron dos profesionales por el brote de coronavirus en el geriátrico de Saldán.
Después de varias décadas de abandono y de un “sálvese quien pueda”, los médicos decidieron marchar juntos ante una sociedad que un día los aplaude y al siguiente los estigmatiza y excluye por miedo a los contagios.
A la indignación contra la justicia provincial, que apuntó las primeras balas en los trabajadores en relación de dependencia y no sobre la institución privada que incumplía los protocolos, se sumaron pedidos de garantías indispensables en las condiciones de trabajo, al Gobierno de Schiaretti. El contagio del nuevo coronavirus es una enfermedad laboral, según el decreto que obliga a las ARTs a contemplarla en su nómina de cobertura a los trabajadores esenciales. Así salió a la luz la precarización, tanto en el ámbito público como privado, en la que se encuentra gran parte de este colectivo de trabajadores.
No faltaron quienes pretenden llevar agua para su molino con este reclamo. Los medios de comunicación al servicio del poder económico, aprovechan para aplaudir una “protesta pacífica y ordenada” y así estigmatizar al sindicalismo como su opuesto. O pretenden colar “la disconformidad con la cuarentena”, algo que nunca fue puesto en discusión por las agrupaciones de médicos que llevaron adelante la marcha. Tampoco faltaron operaciones políticas, como la de algunos miembros de la UCR, que con cierta demagogia, acusan al Gobierno provincial de ocupar el Poder Judicial a dedo, como si en épocas de Angeloz y de Mestre no hubiesen invadido de radicales al Tribunal Superior de Justicia.
El trasfondo de los buscan usar el reclamo de los médicos, no es más que un intento de cuestionar el rol que adquirió el Estado en el manejo de la pandemia. Poco importa que Schiaretti, socio inequívoco del poder económico, caiga en la volteada. Cualquier argumento es válido a la hora de socavar el protagonismo y la aprobación que hoy posee el Gobierno de Alberto Fernandez. La implicancia de fortalecer al Estado Nacional con sus posibles consecuencias a futuro, le quita el sueño a los sectores de poder.
Lo cierto es que los trabajadores sanitarios, no marcharon con otro fin que el de hacer público su temor y sus necesidades. Ante el marco de desprotección en el que se encuentran, las imputaciones le pueden llegar a cualquiera.
Pero el reclamo a la justicia es solo la punta del Iceberg. La emergencia sanitaria por la irrupción de la pandemia pone al descubierto el deterioro de las condiciones de trabajo en el campo de la salud. Existe un 10 % más de pluriempleo que en el resto de los sectores de la economía y hasta el 80% de los médicos más jóvenes tienen más de un empleo. Abundan la flexibilización de los modos de contratación (contratos temporales, pasantías y trabajo ad honorem) y de la organización del trabajo (subcontratación, tercerización). El empleo es en gran medida bajo la figura legal de monotributista, con la cual es independiente a la hora de ejercer sus derechos (no tiene licencias ni vacaciones pagas, debe pagar sus propios aportes jubilatorios y seguro de salud), pero no a la hora de cumplir con sus obligaciones.
Todo esto, es un síntoma más del daño que causó la invasión financiera en el Sistema Sanitario. Políticas signadas por una gestión en salud que prioriza la medicina tecnológica, mercantil y un perfil de profesional liberal. El acceso a la salud como derecho humano elemental y no como gasto, no puede sostenerse mediante el ejercicio liberal de esta profesión.
La erosión de la salud pública, abandonada por el Estado en beneficio de los dividendos, despejó el camino para que las ganancias del negocio de la enfermedad, pasen a los bolsillos de los mercaderes privados. Durante las últimas 4 décadas ganaron terreno como proveedores de asistencia sanitaria los dueños de Clínicas, Sanatorios y accionistas de prepagas. Se concentraron las prestaciones en un puñado de empresas. Poco les importa la salud colectiva y comunitaria. En ese mundo la medicina preventiva y social son palabras desconocidas.
Muchos profesionales son rehenes (a veces sin demasiada conciencia) de este sistema perverso, que además de precarizar la mano de obra, impone la tiranía del consumo y el “mérito”.
Desde marzo, cuando irrumpe la epidemia, las consultas y las prácticas médicas disminuyen (por efecto del virus) y los profesionales no perciben ingresos. Los dueños de algunos servicios privados pretenden que los médicos lleven sus propios materiales de protección. Porque a la hora de arreglar los números, los que pagan el ajuste son los trabajadores. Mientras tanto, ciertos sanatorios locales (con jefes de guardia incitando a romper la cuarentena), siguen cobrando la cuota mensual de sus afiliados a las prepagas que administran.
Si no hay salarios dignos ni condiciones laborales estables, si la formación universitaria imparte cátedras de una medicina biologicista y al servicio de las corporaciones farmacéuticas, no es difícil imaginar que muchos médicos se orienten a especialidades lucrativas dentro del mercado. O que sean permeables a recetar o participar de “protocolos de ensayos de medicamentos” a cambio de algún valor que el mismo sistema les niega por otros medios.
Esta alienación, de la cual los profesionales son artífices y víctimas al mismo tiempo, se expresa además, en una pérdida de vínculos con sus compañeros, con la comunidad y con la construcción de organizaciones colectivas que permitan revertir la situación. Entre los médicos la principal participación es en asociaciones de profesionales. La afiliación a sindicato o gremio es alarmantemente baja.
Pero es la pandemia quien tira por la borda el mito liberal del mercado y de la “eficiencia” de la medicina privada. Las privatizaciones, el poder de las elites médicas, la creencia eufórica en los progresos técnicos, el capitalismo filantrópico, las tendencias imperialistas de la política sanitaria mundial, la inequidad del acceso a la atención sanitaria, la fragilidad de la salud pública y universal, son algunos de los muchos problemas con los que se enfrenta el mundo globalizado y sus estructuras sanitarias.
El Gobierno Nacional está demostrando la contundente la necesidad de implementar políticas públicas para ponerse al hombro los problemas. El posicionamiento de Alberto Fernandez como conductor de un Estado necesario para resolver esta crisis, irrita a diversos sectores del establisment y a la oposición política.
Desde Iniciativa Política brindamos nuestro apoyo a esta protesta legítima. Celebramos y acompañamos la unidad que comienza a gestarse entre los trabajadores sanitarios y consideramos la movilización como un acontecimiento histórico.
Creemos que es prioritario asegurar desde el Estado todos los mecanismos que garanticen la protección a quienes están en la primera línea de batalla contra el enemigo invisible. Y al mismo tiempo, impulsar a que la comunidad médica asuma el protagonismo de su propio destino. Luchando por fortalecer las organizaciones que le permitan una participación activa, tanto sobre sus condiciones laborales, como en las políticas orientadas a revertir el problema de fondo de nuestro sistema sanitario. Por un ejercicio digno de la profesión y por una salud para todos los argentinos.
Debora Fraire; Adrián Agüero; Facundo Piai; Mariano Yedro; Gustavo Terzaga; Miriam Bufarini; Javier de Pascuale; Aurelio Argañaraz; Laura Gastaldi; Osvaldo Alonso