“La situación de los trabajadores sigue siendo una incógnita”, así expresó Leandro Monzón, delegado de Vicentin, la realidad de los asalariados de la empresa en concurso preventivo de crisis. La propuesta del Gobierno de intervenir a la empresa exportadora garantizando las fuentes de trabajo “generaba esperanza frente a tanta incertidumbre”, cuenta Monzón en diálogo con este portal. El funcionamiento de la empresa conducida por Alberto Padoán y Gustavo Nardelli evidencia problemas desde el año 2018, cuando cerraron dos procesos productivos en la planta de Avellaneda. Siguiendo en la tónica de irregularidades, a fines del año pasado hubo presiones para reducir personal en la refinería de aceite y el fraccionado, comenta el delegado.
La deuda que contrajo la empresa antes de declarar su insolvencia asciende a 1.350 millones de dólares; de los cuales más del 70% corresponde a deuda con bancos y unos 350 millones con productores y empresas del sector agrícola. De la deuda con el sector bancario argentino, casi el 90 por ciento se relaciona con la banca pública, siendo el Banco de la Nación Argentina el principal acreedor de la empresa, pero no el único. La compañía conducida por los empresarios Padoán y Nardelli también le adeuda al Banco Provincia, al Banco de Inversión y Comercio Exterior y al el Banco Ciudad, entre otras entidades financieras.
Pero también hay bancos internacionales que reclaman lo suyo. El Banco de Desarrollo Holandés junto a otras instituciones financieras internacionales iniciaron un proceso de investigación de las transacciones de Vicentin en la justicia norteamericana, sospechando que los estados financieros presentados por la empresa faltan a la verdad. Este grupo de financistas extranjeros de la empresa exportadora, unido en un comité de acreedores, representa 530 millones de dólares, alrededor del 38% del pasivo total del gigante agroindustrial.
Frente a este conflicto que se intensificó cuando la empresa se declaró en “estrés financiero”, los trabajadores del sindicato de aceiteros buscan dos objetivos: por un lado, la preservación de las fuentes laborales; mientras que por otro rechazan cualquier salida que signifique una extranjerización de la empresa. El movimiento obrero santafesino se manifestó en ese sentido. Tanto el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) regional Santa Fe, Claudio Girardi, como el de la organización sindical de la ciudad de Reconquista, aplaudieron la iniciativa del gobierno de intervenir Vicentin por 60 días, para que luego definiera el congreso el camino a seguir.
Las movilizaciónes de la semana pasada en reconquista y en Rosario a favor de la intervención fueron una activa manifestación de los trabajadores santafesinos organizados en resguardo de los puestos de trabajo y en contra de la estafa al Estado. “Tuvimos un acompañamiento muy grande de sindicatos de la zona, de movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, personas de a pie. Habiendo unos 400 vehículos en la caravana” informó Leandro Monzón, quien advirtió que este respaldo los fortalece en el rol que ocupan en el comité de seguimiento del concurso.
Respecto a la última propuesta que se maneja en la mesa de negociación para que los acreedores de Vicentin conformen un fideicomiso y capitalicen con acciones sus acreencias, el delegado Leandro Monzón aclaró que su postura es “ver cómo actúa el Estado y qué control tendrá porque no me gustaría que la empresa se extranjerice”.