El domingo pasado, se sembró la discordia desde las páginas del diario La Voz del Interior en una nota en donde afirman que en el Gran Buenos Aires pagan un 70% menos que en Córdoba por la electricidad. Esto obedecería, según la nota, a la cuantía de los subsidios que el gobierno nacional otorga a la distribuidora de energía del AMBA. A partir de la publicación, se recalentó el Twitter de funcionarios nacionales y de la provincia. La Secretaría de Energía que responde a la Casa Rosada señaló que nación vende la energía a todas las distribuidoras al mismo precio ($ 1.760/MWh). Por tanto, es la provincia quien fija el valor final del servicio mediante Epec, explican desde el estamento nacional. Así, la diferencia de tarifas entre Edenor/Edesur y Epec “corresponde estrictamente a una decisión” de la provincia, concluyen.
Desde la provincia retrucan que Córdoba acompasó las tarifas eléctricas con la inflación y así saldó la deuda que mantenía con quien la provee de electricidad (Cammesa). Mientras que las distribuidoras eléctricas de Buenos Aires Edenor y Edesur mantienen sus tarifas congeladas a costa de aumentar su pasivo con Cammesa. Para la provincia esto significa subsidio indirecto, al tiempo que “Epec está al día con sus pagos”. El gobernador Juan Schiaretti también enfatizó por Twitter que “todos los subsidios se los lleva el AMBA” porque gobiernan solo para el Gran Buenos Aires. Después, “las provincias” “pagamos” la energía barata en Buenos Aires con “lo que nación nos saca”; por ejemplo con retenciones. Córdoba es “discriminada”, dijo el mandatario provincial embanderándose de “cordobesismo”.
Desde la Subsecretaría de Energía Eléctrica refutaron los planteos del gobernador. “El precio de la energía que paga un hogar es igual para todos los usuarios del país”, explicaron. Sin embargo, no a todos les facturan igual por mismo consumo. Ocurre que “en la factura eléctrica final que pagan los usuarios se incluye también el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el ingreso de las empresas que distribuyen la energía eléctrica”, precisaron a este medio. Entonces, si bien es real que una factura residencial promedio en AMBA paga $870 y en Córdoba $2.449, por el mismo nivel de consumo, se debe a que Epec cobra más VAD que otras distribuidoras. Es decir, el valor de la energía solo representa el 18% de la factura final, del resto (descontando impuestos: nacionales, municipales, provinciales) el grueso lo explica el servicio de distribución del Estado provincial.
Desde nación reconocen que la distribución de la energía tiene una estructura de costos diferente en cada territorio, pero descartan que Córdoba sea “discriminada”. Asimismo, la Subsecretaría de Energía Eléctrica sostiene que los argumentos del gobierno de la provincia son falsos. La distribuidora de energía mediterránea aun no ordenó su deuda con la proveedora de energía ascendiendo el pasivo a $ 8.247 millones. Además agregaron que: “el beneficio de la regularización de la deuda previsto en el artículo 87 de la Ley 27.591 se efectiviza a través de un acuerdo entre las partes, como los que ya se suscribieron con distribuidoras de 12 provincias. En el caso de Epec, no se ha suscrito a dicho acuerdo hasta el momento”.
Asimismo, el interventor del ente nacional que regula el gas refutó al gobernador y negó que Córdoba sea “discriminada”. Federico Bernal explicó a quien suscribe que parte del gas que abastece a Córdoba es importado de Bolivia, por tanto tiene mayores costos. Así, para mantener el precio fijo y accesible se destinan mayores subsidios. Por ejemplo, “el precio pleno del m3 en Córdoba es subsidiado de parte del Estado nacional en un 69% (promedio), contra un 41% para el AMBA”. Esto obedece a “a la decisión del Gobierno Nacional de congelar el precio del gas” para que en Córdoba “no sufran incrementos tarifarios que los obliguen a dejar de alimentarse o a comprar medicamentos, como pasaba con Mauricio Macri. En términos absolutos y para los meses en curso, el subsidio por m3 y en pesos más que triplica en Córdoba el recibido por AMBA (14 $/m3 vs. 4,5 $/m3, respectivamente)”.
Una posible interpretación de la embestida de la provincia a nación surge también de las páginas del diario La Voz del Interior. En una nota publicada el martes sobre el operativo nacional para fiscalizar el congelamiento de precios, señalan el rechazo subrepticio de Córdoba al programa. “Una calificada fuente del gobierno”, reseña la nota, explicó que desde El Panal no piensan cerrar fabricas o sancionar supermercados en la capital alimentaria del país. De la nota se desprende que para el peronismo cordobés no hay aumentos injustificados que expliquen parte de la dispersión de los precios actuales. Por el contrario, “la postura oficial es la expresada por el gobernador (Juan Schiaretti): la Nación primero debería cuidar los precios en los combustibles, de la electricidad o del gas antes que pretender aplicar sanciones a otros”, dijo la fuente a La Voz.
Sin embargo, al ser consultado por quien suscribe sobre el peso de la tarifa de gas en el costo de la economía, Federico Bernal del Enargas aclaró: «Lo que yo puedo afirmar es que la actualización de la tarifa del servicio público del gas por redes en 2021 fue para un residencial de Córdoba del orden del 6%, mientras que del 5% o menor para un usuario PyME. Y por la ampliación del régimen de Zona Fría, proyecto presentado por el Frente de Todos, un hogar de Córdoba paga hoy entre un 20% y un 25% menos por el gas de lo que lo hace un hogar del AMBA, por supuesto a igual consumo. La ampliación de dicho régimen le permitió a Córdoba pasar de ningún beneficiario a aproximadamente 650.000 beneficiarios, con descuentos en facturas del 30% y del 50% según corresponda, y por un plazo de 10 años. Me pregunto por qué no comunica todo esto el gobierno de Schiaretti».