La reducción de sentencias para los genocidas de la última dictadura cívico militar religiosa tiene su primera razón de ser en una devolución de favores: La familia Macri pasó a tener de ocho a cuarenta y seis empresas, durante el Proceso. La jerarquía católica bendice la sentencia.
La última dictadura militar es responsable de crímenes de lesa humanidad, que fueron debidamente comprobados en procesos judiciales incuestionables, que costaron la vida de treinta mil personas, la mayoría de las cuales aún permanecen desaparecidas, mientras que decenas de bebés y niños todavía no fueron recuperados ni sus identidades devueltas. Todo este accionar tuvo en el sector civil y eclesiástico a aliados, que se favorecieron largamente con el accionar delictivo. La familia Macri, que tiene en el presidente de la Nación a uno de sus principales adalides y, también, la familia de su madre, los Blanco Villegas, -integrantes de la rancia oligarquía de Tandil, desde los tiempos en que los pueblos aborígenes eran diezmados con los Winchester y las ametralladoras compradas por Domingo Faustino Sarmiento-, fueron de los civiles a los que la dictadura genocida les cayó como anillo al dedo.
Tanto una como otra familia hicieron suculentos negocios durante el gobierno de los genocidas: Los Macri pasaron de tener ocho a cuarenta y seis empresas y los Blanco Villegas, de tener seis mil a veinte mil hectáreas de campo. Claro que no fueron los únicos. En el gabinete macrista se encuentra el radical Ricardo Buryaile, en la cartera de Agricultura, quien también durante la dictadura pudo apropiarse de unas once mil hectáreas, además de las ocho que ya poseía, corriendo el límite de los tobas y matacos formoseños. O los Rodríguez Larreta, terratenientes, funcionarios, embajadores de todo gobierno gorila, incluida la dictadura. Entre otros tantos, que sería imposible de enumerar en este espacio.
Todos ellos, al igual que los jefes militares que cometieron las atrocidades más aberrantes durante la dictadura, profesan una ciega fe católica, de infaltable misa de domingo, confesión y comunión; de tener familias numerosas –aunque no siempre con una misma esposa, pecadillo no demasiado importante, cuando se trata de gente económicamente poderosa-; de haber cursado todos los niveles educativos en instituciones confesionales decimonónicas y, por lo tanto, harto conservadoras.
Ahora conducen el Estado y pudieron colocar dos cortesanos –con la imprescindible colaboración de diputados y senadores nacionales massistas y de partidos provinciales-, que ofician de punta de lanza para dictar jurisprudencia acorde a sus necesidades, emergentes de la violencia con la que ejercieron históricamente el poder. Los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosencrantz fueron puestos por Macri con el consentimiento del establishment mediático -a tal punto que el segundo formó parte del estudio jurídico que atiende los asuntos del factótum del Grupo Clarín-, junto a la jueza Highton, presionada con el retiro por haber cumplido 75 años. Ellos tomaron la decisión de tirar por la borda la jurisprudencia nacional e internacional en materia de delitos de lesa humanidad y establecer que es factible reducir la pena de quienes hayan sido condenados por esos delitos.
Estos tres ministros de la Corte pasarán a la historia precisamente por haber antepuesto el interés político de un sector de la sociedad –genocidas, ricos empresarios, obispos-, por sobre las leyes que estructuran la JUSTICIA, no solo argentina, sino la de todo el mundo civilizado o, por lo menos, que trata de serlo.
“Sus Señorías” se animaron a patear el tablero del decoro y el proceder de acuerdo a Derecho. Impelidos por la necesidad de cumplir con las órdenes de un sector corporativo, profundamente corrupto y putrefacto y no de la Constitución Nacional ni del poder que emana del pueblo. Son los que siempre mandaron. Son los que mandan hoy, ensoberbecidos por el voto popular.
El repudio no puede ser más que unánime. Ningún argentino de bien puede sentirse tranquilo con el riesgo de encontrarse caminando por la misma vereda, en un supermercado o en una iglesia con quienes secuestraron, violaron a mujeres y a niñas adolescentes, torturaron, vejaron, robaron, cambiaron la identidad de cientos de bebés, arrojaron a personas vivas desde aviones al océano, asesinaron y desaparecieron a treinta mil compatriotas.
En todo caso, el favor se lo deben los Macri, los Buryaile, los Bullrrich, los Rodríguez Larreta, los Blanco Villegas, los Blaquier, etc. etc. ¡Pero jamás el pueblo argentino!